En las últimas horas, el Juzgado Noveno de Penal de Garantías de Bucaramanga, en medio de audiencias concentradas, ordenó medidas no privativas de la libertad para varios de los jóvenes que habían sido capturados en diferentes sectores de la ciudad, señalados como presuntos responsables de la comisión de delitos durante las manifestaciones de 2021.

De acuerdo con la defensa de los detenidos, la diligencia judicial inició en horas de la tarde-noche del domingo 19 de junio, y se extendió hasta la madrugada de este lunes cuando el juez determinó que no habría suficientes pruebas para que estas personas continuaran privadas de la libertad.

“Luego de seis días seguidos de audiencias concentradas, me alegra informarles que cuatro jóvenes serán dejados en libertad, seis van estar en su domicilio y solo sobre uno recae la medida de enviarlo a la cárcel que la Fiscalía pedía para todos”, detalló el abogado y exconcejal de Bucaramanga Jorge Flórez.

En total, once personas (nueve hombres y dos mujeres) fueron capturadas el pasado martes 14 de junio en diferentes barrios populares de la zona metropolitana de Bucaramanga, el municipio de Floridablanca y Barrancabermeja, acusados de los delitos de concierto para delinquir, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público.

De acuerdo con la Fiscalía, los jóvenes al parecer serían integrantes de la llamada primera línea, quienes participaron en los desmanes registrados en la Ciudad Bonita en el marco del Paro Nacional de 2021.

En medio del proceso judicial, el ente acusador entregó videos, audios y declaraciones para comprobar la presunta responsabilidad de los detenidos. La evidencia fue soportada por el fiscal, confirmada por la Procuraduría y refutada por la defensa.

El ente acusador insistió en que todos los capturados representan un peligro para la sociedad y que el material de prueba era suficiente para demostrar su responsabilidad en los hechos que fueron investigados y de cómo su participación en la llamada primera línea estuvo vinculada con los ataques al orden público.

Sin embargo, los defensores rechazaron la solicitud de la Fiscalía de imponer una medida de aseguramiento contra los capturados, no solo por insistir en que las pruebas son elementos circunstanciales y no de responsabilidad, sino porque es falso el nivel de peligrosidad que advierte el fiscal del caso.

“La Fiscalía solicitaba la medida de aseguramiento intramural contra las y los jóvenes, y fundamentó su petición en los informes rendidos por cuatro ´agentes encubiertos´, que supuestamente infiltraron las marchas realizadas en la ciudad de Bucaramanga. En el marco de este caso, se conoció que existe un proceso matriz adelantado por una Fiscalía especializada, contra integrantes de varias organizaciones sociales, feministas, estudiantiles y DDHH de la zona metropolitana de Bucaramanga”, señaló la defensa de los jóvenes involucrados.

Agregó: “Hacemos un llamado al fiscal general Francisco Barbosa para que cese la persecución judicial contra los sectores populares que participaron en el paro nacional y al Estado colombiano para que ordene la libertad de las personas capturadas en el ejercicio de la protesta social”.

Por su parte, el gobierno del mandatario Iván Duque dice que los capturados “sí son delincuentes”. El ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo en su momento que era una obligación efectuar estas capturas; además, argumenta que, “por estar en elecciones no se paran las operaciones militares y policiales. Todos los delincuentes saben que si tienen una orden de captura vigente y se ubica van a ser capturados”.

El proceso penal contra estos jóvenes en Bucaramanga continuará en los próximos días.