Las autoridades no han podido localizar a Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, considerado el Pablo Escobar de Bucaramanga. Este hombre se escapó de una lujosa unidad residencial de Medellín donde estaba pagando una condena. Para acelerar las investigaciones, se ofreció una millonaria recompensa a cambio de información certera.
El dinero saldrá del bolsillo de Santander y el anuncio lo hizo el gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuya hermana fue la jueza que absolvió de varios delitos al peligroso delincuente; aparentemente, la Fiscalía no recogió pruebas suficientes para involucrarlo con delitos, entonces ella actuó en Derecho y así la respaldaron varios organismos en su momento.
150 millones de pesos están disponibles para la persona que brinde datos que faciliten la recaptura de alias Pichi. El operativo está en cabeza de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien tiene varios minutos de grabación donde se observa el momento exacto del escape y los vehículos que están involucrados en la situación.
Díaz Mateus, quien alcanzó el grado de general en el Ejército, indicó que se deben respetar las decisiones judiciales y reafirmó su compromiso en la lucha contra la delincuencia: “Los jueces son independientes y sus decisiones deben ser respetadas. No podemos caer en el populismo ni en la manipulación de la información”.
Óscar Camargo Ríos es un criminal de alta peligrosidad que estaba hospedado en un apartamento de lujo en el barrio El Poblado de Medellín, luego de recibir el beneficio de la casa por cárcel: tenía un brazalete de seguridad, era custodiado por el Inpec desde ese dispositivo y logró burlar los protocolos de la institución.
El alcalde Federico Gutiérrez indicó que su administración ya brindó los datos para que sea ubicado el delincuente: “Nosotros, de acuerdo a nuestras competencias, pasamos ya un informe desde el primer día con toda la trazabilidad de nuestras cámaras, de los vehículos, que salieron de esta unidad y que se presume que ahí podría ir él”.
El caso de Pichi levantó polémica en Colombia. En un principio, se especuló que había sido nombrado gestor de paz y el presidente Gustavo Petro lo desmintió. Más tarde, se aclaró que la salida de la cárcel obedeció a la orden de un juez. Las críticas no se esperaron e incrementaron cuando se confirmó la fuga de Camargo Ríos.
Uno de los antecedentes principales contra Ríos se dio el 7 de enero de 2021, cuando fue capturado y recluido en una cárcel en Valledupar, tras ser condenado a siete años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Dos años más tarde, terminó trasladado a la cárcel de La Paz en Itagüí, Antioquia, como beneficio de buena conducta.