La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), adoptó medidas cautelares en relación al cementerio Colombia de Cimitarra, Santander. En ese sentido vinculó autoridades y adoptó otras determinaciones.
Dentro de la decisión tomada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento, “se le ordena a la Alcaldía de Cimitarra y a la parroquia de Cimitarra, abstenerse de exhumar cuerpos de personas no identificadas ya que podrían ser víctimas del conflicto armado”, indicó la JEP.
Asimismo, se le ordenó a la Alcaldía adoptar las medidas pertinentes para proteger los restos óseos que se encuentren en el cementerio y también presentar, junto con la parroquia de este municipio, un plan de mantenimiento del lugar.
Para este plan de mantenimiento, la JEP solicitó la asistencia técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el término de un mes.
Igualmente le solicitó a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto de Medicina Legal que presenten un informe de los cuerpos que ya han sido identificados y entregados, y su actual ubicación en el cementerio.
“En la decisión también se les pide que informen de aquellos cuerpos que no tengan lesiones asociadas al conflicto armado y su ubicación actual, así como cualquier otra información que permita la identificación de las víctimas”, precisó la JEP.
Por último, la JEP solicitó información a la Aeronáutica Civil para determinar si se dictan medidas cautelares adicionales sobre el cementerio rural Santa Rosa y el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, también ubicados en Cimitarra.
Cabe recordar que la JEP aceptó el sometimiento de 23 exintegrantes de la Brigada Móvil No. 15 (Brim 15) del Ejército, quienes estarían implicados en casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como falsas bajas en combates ocurridos en Ocaña, Norte de Santander, en 2008. Los militares sometidos incluyen dos mayores, dos cabos segundos, un cabo primero y 18 soldados profesionales, todos en condición de retiro.
La resolución 1076 de 2023, emitida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, indica que los exmilitares habrían ejecutado extrajudicialmente a Julio César Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante, quienes fueron trasladados por tierra desde Soacha, Cundinamarca, hasta Ocaña en enero y agosto de 2008.
Además, nueve de los comparecientes fueron aceptados por hechos ocurridos en febrero de 2008, en el corregimiento de Otaré, Ocaña, donde habrían sido asesinados Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín Giraldo y el menor de edad Jaime Estiven Valencia Sanabria.
Los miembros de la fuerza pública incluidos en esta decisión son: los mayores (r) Carlos Gilberto Rodríguez Mora y Henry Mauricio Blanco Barbosa; los cabos segundos (r) Richard Amando Jojoa Bastidas y Ricardo Coronado Martínez; el cabo primero Manuel Ángel Zorrilla Agamez; y los soldados profesionales (r) Ricardo Eliud González Gómez, José Orlando González Ceballos, Nixon Arturo Cubides Cuesta, Mauricio Cuniche Delgadillo, José Adolfo Fernández Ramírez, Pedro Johan Hernández Malagón, Efrén Galvis Guzmán, Ramón Alfonso Horta Palacios, Eider Andrés Guerrero Andrade, Juan Jaramillo Moreno, Kevis Alberto Jiménez Escalante, José Alexander Lamprea Polo, Luis Alirio López, Ferney Grijalba López, Jhonn Anderson Díaz Ortega, Jhon Jairo Muñoz Rodríguez, Medardo de Jesús Ríos Diaz y Dairo José Palomino Ballesteros.
Estos exintegrantes de la fuerza pública se suman al patrón macrocriminal que ya había sido abordado en el subcaso Norte de Santander del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Sin embargo, el proceso para resolver la situación jurídica de estos militares retirados continúa en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, ya que no han sido seleccionados por la Sala de Reconocimiento como máximos responsables en los hechos que abordó dicho subcaso.
En el subcaso Norte de Santander, 10 militares retirados, entre ellos el brigadier general (r) Paulino Coronado y un civil ya reconocieron su responsabilidad por falsos positivos cometidos en la región de Catatumbo, en audiencia pública de reconocimiento llevada a cabo en abril de 2022, en Ocaña, y fueron incluidos en la resolución de conclusiones emitida por la Sala de Reconocimiento en octubre de 2022.