La administración del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, está nuevamente en medio de un escándalo de presunta corrupción. Esta vez por presuntos sobrecostos en un millonario contrato que tiene como propósito comprar elementos para la realización de proyectos productivos y formación musical y deportiva en algunos de los Centros de Atención Especial (CAE).
Así lo denunció el Comité de transparencia por Santander, luego de hacerle seguimiento a la licitación cuyo valor es cercano a los cuatro mil millones de pesos. Dicho contrato, al parecer, pretendía ejecutarse con serias deficiencias en los estudios previos y con presuntos sobrecostos.
“En este proceso se encontraron serias deficiencias en la elaboración de los estudios que justifican la contratación, tanto, que los datos mencionados como soporte son de 2017. Los documentos previos no mencionan la cantidad de detenidas con hijos, ni las edades de los niños, ni elabora ningún análisis que sirva para determinar la necesidad de esta adquisición”, explicó Marcela Pabón, directora de Transparencia por Santander.
Con este contrato se pretende adquirir elementos lúdicos como castillos inflables, piscinas de pelotas, saltarines inflable, monopatines, carros eléctricos, entre otros, para atender a jóvenes entre los 14 y 18 años que se encuentran privados de la libertad.
“El costo de estos elementos es bastante elevado, muy por encima del precio comercial. Por ejemplo, el castillo y el saltarín inflable costarían 11 millones de pesos cada uno y la piscina de pelotas costaría unos seis millones de pesos. Un kit de seis pelotas profesionales para ping pong con un costo de 546.000 pesos; un saxofón por valor de 12 millones de pesos; un trombón por 14 millones de pesos. Esto sólo por mencionar algunos ejemplos”, agregó Pabón.
Según el Comité de transparencia por Santander, los CAE tienen otras prioridades en cuanto a temas de seguridad e infraestructura. Así mismo, señalaron que al comparar los precios de algunos elementos comunes en procesos de contratación similares (2021 y 2023) tuvieron un incremento hasta del 145 % de su precio unitario.
“Es cuestionable que mientras en los estudios previos del proceso se mencionan los serios problemas de seguridad e infraestructura existentes en los Centros Especiales de Atención, los cuales ameritan una fuerte inversión, en el mismo proceso se pretendan adquirir dichos elementos. Estamos a la espera de que estas observaciones, sean resueltas por la administración departamental”, puntualizó Marcela Pabón.
El InderSantander
Cabe recordar que al finalizar 2022, la Contraloría y Procuraduría prendieron las alarmas por un eventual millonario detrimento y presuntas irregularidades que se pueden dar Santander, a raíz de los millonarios sobrecostos en un contrato celebrado por el Instituto Departamental de Recreación y Deportes (Indersantander).
Según la advertencia, al interior del Indersantander estarían sucediendo cosas muy graves como la celebración de un contrato de casi 500 millones de pesos con la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales (Sotea), entidad que tiene como objetivo principal promover el uso sostenible de los recursos naturales y el desarrollo rural, es decir, nada que ver con el ámbito deportivo.
La Procuraduría busca establecer si se presentó un sobrecosto en la adquisición de estos elementos deportivos, así como una evasión de los procesos de selección objetiva al evadir las formalidades que exige la Ley 80 de 2002 para este tipo de contratación.
“El Ministerio Público solicitó la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, y si dentro de la entidad hay más contratos en circunstancias similares”, puntualizó la Procuraduría.