La Fiscalía y la Policía investigan desde junio una supuesta alianza de criminales para acabar con la vida del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Al parecer, el plan estaría justificado en la redada que él ha emprendido contra el narcotráfico y la extorsión. SEMANA tuvo acceso a las primeras pistas e hipótesis del expediente.

Todo comenzó cuando el Gaula interceptó unas comunicaciones al interior de la cárcel de Palogordo y, en medio del procedimiento, escuchó que varios hombres estaban diseñando un atentado en contra del mandatario local, entre los que se encontrarían exintegrantes de la guerrilla del ELN y del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Ese proyecto ya estaría dando los primeros pasos, pues se conoció que varios sujetos tendrían la misión de infiltrar el círculo cercano de Beltrán para lograr el objetivo. Los detectives dan cuenta de espías en la alcaldía y en la iglesia a la que él asiste con frecuencia: el Movimiento Evangelístico Camino a la Libertad.

La principal sospecha de los investigadores es que esto sería una retaliación por las medidas de seguridad que se han tomado en Bucaramanga, pues el narcotráfico y la extorsión han recibido fuertes golpes. Además, las instituciones han logrado desarticular varios grupos que tenían atormentada a la población civil con robos y homicidios.

Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Uno de los operativos que más habría incomodado sería el recibido por Los Camioneros, cuando cayeron diez piezas importantes del grupo que inundaba las calles del área metropolitana de Bucaramanga cada mes con más de tres toneladas de estupefacientes, cuyas ganancias serían superiores a los 1.500 millones de pesos.

La Policía Nacional ya reforzó la seguridad del alcalde y la de su familia, mientras que la Unidad Nacional de Protección (UNP) está liderando un estudio para determinar un nuevo mecanismo de cuidado, pues la información dada a conocer por la Fiscalía requiere un reajuste en el entorno de Beltrán y sus allegados.

SEMANA consultó al mandatario sobre esta situación y respondió que todo el proceso está en manos del ente de investigación. Si bien él prefirió no dar detalles del caso para no interferir en las indagaciones, advirtió que seguirá liderando la lucha frontal en contra las organizaciones criminales que intimidan a los habitantes.