Por la falta de garantías y las constantes amenazas que ha recibido, Miladis Sánchez Ayala, presidenta de la Asociación de Juntas de Puerto Wilches, Santander, se vio obligada a dejar su cargo y salir del municipio junto con su familia. Dice que la situación se salió de control tras la extradición de alias Otoniel a Estados Unidos.

De acuerdo con la líder comunitaria y ambiental, durante la última semana, las amenazas de muerte en su contra incrementaron. “He tenido muchas amenazas contra toda mi familia. Se llegó a un punto en el que es imposible seguir porque mi seguridad y la de mi familia es lo primero, por eso prefiero renunciar a la Asociación de Juntas de Puerto Wilches”, manifestó.

A través de panfletos, llamadas e incluso visitas a su residencia, los delincuentes, quienes al parecer serían integrantes del Clan del Golfo, le exigían a la ambientalista abandonar el municipio.

“Han llegado a mi casa hombres armados y los que los recibían eran mis hijos. Ellos son los que tienen que frenar la situación. No tengo las garantías de seguridad para el ejercicio de mis funciones en Asojuntas”, agregó.

Dicha situación, según denuncia, ha sido puesta en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero no ha recibido solución alguna. Por su parte, las autoridades municipales y departamentales aunque han intentado protegerla, no ha sido suficiente.

“Abrimos la ruta de atención para líderes, pero ella no recibió atención pese a la situación de amenazas por parte de la Unidad de Protección Nacional. Desde la administración tenemos medidas preventivas para protegerla, teniendo en cuenta los últimos hechos violentos que se han registrado en el municipio”, explicó Jairo Toquica, alcalde Puerto Wilches.

Este año, otras dos mujeres, quienes también se desempeñaban como líderes sociales y ambientales de Puerto Wilches, han tenido que dejar el municipio debido a las múltiples amenazas de muerte que recibían. Una de estas es Yuvelis Natalia Morales, consejera de juventud del municipio, quien tuvo que buscar refugio en un país europeo.

La joven de 21 años, integrante del Comité AguaWil y la Alianza Colombia Libre de Fracking, abandonó el país el pasado 16 de febrero. Según denunció en su momento, el liderazgo ambiental que ejercía en contra los pilotos de fracking que adelanta Ecopetrol en el municipio, puso en riesgo su vida.

“Vine aquí en nombre de mis compañeras y compañeros, hoy silenciadas y en alto riesgo de perder sus vidas por proteger las fuentes de agua y oponerse a los proyectos extractivos y de fracking que el Gobierno de Colombia pretende imponer contra la voluntad de quienes habitamos esos territorios”, aseguró en ese entonces Yuvelis.

La salida de Colombia se dio gracias a las gestiones adelantadas por el gobierno de Francia en el marco de Iniciativa Marianne, que busca proteger y apoyar a defensoras de derechos humanos y de libertades cívicas, amenazadas en sus países.

La otra líder ambiental forzada a salir de Puerto Wilches es Carolina Agón, integrante de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos. De febrero a abril denunció haber sido hostigada en cinco oportunidades.

El hecho más reciente ocurrió el pasado 21 de abril, cuando se movilizaba en su motocicleta por la vía Bucaramanga – Barrancabermeja, donde hombres armados le dispararon y, aunque logró esquivar los proyectiles, terminó accidentándose.

Cabe recordar que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP alertó hace un mes que, “Santander [se] constituyó (en) el departamento del país donde se han presentado la mayor cantidad de amenazas de muerte contra personas que ejercen un rol de liderazgo de tipo ambiental”.

Asimismo, se advirtió sobre la expansión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento y también en el Cesar.