Raimundo Duarte Díaz, concejal del municipio de Piedecuesta (Santander) por el partido Conservador, fue capturado junto con otras dos personas en medio de un operativo liderado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) contra el frente de guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La investigación inicialmente involucraba a este grupo criminal, sin embargo, a medida que se recopilaban las pruebas, fue salpicado el dirigente político, conocido con el alias de El Rey. Duarte Díaz presuntamente ayudaba a esta organización a lavar activos.
Las pruebas indican que, al parecer, el concejal piedecuestano habría creado empresas (de papel) para legalizar los dineros que obtenía el ELN, producto de actividades del narcotráfico y extorsiones en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar. Adicional a esto, presuntamente, era quien lideraba la banda delincuencial que cayó junto con él.
Tanto el concejal como las otras dos personas capturadas, quienes fueron identificadas como Laura Viviana Claro Bonilla y Víctor Daniel Claro Bonilla, alias Antanilla, habrían legalizado más de 13 mil millones de pesos, en compra y venta de 41 bienes inmuebles y 24 vehículos, entre otras cosas.
Los investigadores habrían establecido que el concejal Duarte Díaz habría contribuido de manera significativa, con actividades comerciales y transacciones aparentemente legales, a aumentar el músculo financiero del ELN en más de 1.700 millones de pesos. Asimismo, el patrimonio del funcionario político aumentó en más de 5.700 millones de pesos, considerándose así el delito de enriquecimiento ilícito.
En medio de la operación Esparta, los investigadores de la Dijín incautaron 182 millones de pesos en efectivo, armas, munición y computadores, en los cuales estarían grabados todos los movimientos que hacían estas personas presuntamente para legalizar los dineros del ELN.
Así las cosas, el concejal Raimundo Duarte fue capturado mediante orden judicial como presunto responsable de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y nexos con el ELN.
Asimismo, las autoridades revelaron que este militante del Partido Conservador también tiene en curso otros cuatro cuatro procesos judiciales en calidad de indiciado por los presuntos delitos de lavado de activos, concusión, prevaricato por omisión y lesiones culposas.
ELN secuestró a miembros de la UNP
La situación que se vive en la región del Catatumbo sigue generando temor entre los pobladores del departamento de Norte de Santander, donde los grupos subversivos que delinquen en este territorio parecen tener el control.
Pues en las últimas horas, se dio a conocer sobre el secuestro de algunos miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes eran parte del esquema de seguridad de una comisión de los firmantes de paz que se dirigían hacia esta zona.
Este incidente se habría presentado a la altura de la Y de Astilleros y el sector de Santa Rosa, cuando integrantes del Partido Comunes se desplazaban hacia los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, donde fueron interceptados por hombres fuertemente armados.
De acuerdo con lo informado a SEMANA por el personero del municipio de Tibú, Jhon Ascanio, estos sujetos habrían despojado a los escoltas de sus armas de dotaciones y posteriormente fueron obligados a descender de la camioneta.
Sin embargo, este grupo criminal, que estaría conformado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), condujo a los miembros de la UNP a internarse en la zona rural del municipio de Tibú, donde estuvieron por aproximadamente ocho horas privados de su libertad, dejándolos libres en jurisdicción del Catatumbo.