En riesgo estaría el desarrollo del proceso electoral en el departamento de Santander, debido a los constantes hecho de violencia e inseguridad que se han presentado. Las autoridades, tanto administrativas como judiciales, están en alerta ante las denuncias realizadas por los candidatos.
Ante este preocupante panorama, se realizó el sétimo Comité de Seguimiento Electoral, en el cual la Fiscalía General de la Nación reportó que 26 candidatos a cargos de elección popular han denunciado graves amenazas en su contra en la región.
Del encuentro participaron candidatos y representantes políticos de Bucaramanga, Rionegro, San Vicente de Chucurí, Galán y Puerto Wilches, quienes expresaron su angustia ante la situación de violencia que se registra en los municipios de Santander.
“Debemos enfatizar que muchos de estos candidatos no conocen las rutas que ellos deben tomar, en este caso, ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). Hay que tener en cuenta que las rutas ordinarias son diferentes a la ruta que se activa en el marco de las elecciones”, dijo John Jaime Ruíz Macías, secretario del Interior de Santander.
De acuerdo con el funcionario, los candidatos que se encuentran afectados por la inseguridad y violencia, recibieron formularios que deben diligenciar para entregar a la UNP y enviar a los entes de control para hacer el respectivo seguimiento de la solicitud de protección.
Así mismo, señaló que para el próximo 29 de octubre, día en el que se elegirán alcaldes y gobernadores, entre otros funcionarios, la Fuerza Pública, “entregó un parte de tranquilidad dentro del Plan Democracia, donde se garantiza que se cubrirán todos los puestos de votación de los 87 municipios en el próximo certamen electoral”, aseguró Ruíz Macías.
“Ofrecer garantías para elegir y ser elegido”
El proceso electoral sigue siendo una preocupación para la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, quien expresó su inquietud por el creciente incremento de hechos violentos en el país durante la apertura del foro ‘Avances del Proceso Electoral’, realizado en la ciudad de Tunja, Boyacá.
En su discurso, la jefe del Ministerio Público destacó con preocupación que “no se puede dudar que estamos viviendo un aumento de la violencia que no se puede permitir, y menos, en época electoral”. Hizo hincapié en la importancia de que todas las instituciones, especialmente el Gobierno nacional y la Fuerza Pública, se vuelquen para evitar cualquier amenaza a la transparencia y la seguridad del proceso electoral, ya que, en sus palabras, “lo que está en juego es la democracia”. Además, enfatizó que es esencial ofrecer garantías plenas de seguridad en todas las etapas de las elecciones en el país.
La procuradora también hizo referencia a la situación en materia de orden público en el territorio colombiano. Según la tercera versión del ‘Mapa de Percepción de Riesgo’ presentado por el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (Ci3E) de la Policía Nacional, que abarca 17 municipios, ninguno de Boyacá se encuentra en riesgo o está catalogado en nivel de atención. Sin embargo, resaltó que, según la información recibida de las autoridades locales y personeros, al menos 40 municipios en el departamento de Boyacá enfrentan riesgos de seguridad que afectan directamente el proceso electoral.
“Ellos son nuestros representantes en los territorios, y la información que tengo es que sí tenemos riesgos al menos en 40 municipios del departamento por temas de seguridad, que afectan directamente el proceso electoral”, señaló la procuradora.