Luego de dos meses y medio, Raimundo Duarte Díaz, concejal de Piedecuesta (Santander) y quien fue capturado por presuntamente ser parte de una organización criminal que realizaba lavado de dinero para el extraditado comandante del ELN, Yamit Picón Rodríguez, quedó en libertad por decisión de un juez de control de garantías.
En medio del proceso judicial, la defensa de Duarte Díaz presentó pruebas que le permitieron demostrar que el concejal había obtenía su patrimonio de forma legal y por ende, desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía.
“Pudimos comprobar durante el proceso judicial contra el concejal Duarte que la Fiscalía no tenía ninguna prueba contundente contra él. Demostramos que el concejal y su familia habían obtenido los recursos de forma legal”, explicó la defensa del concejal.
La pruebas presentadas fueron verificadas y validadas por el juez, quien aseguró que los movimientos de dinero y la compra de bienes se hicieron legalmente y por ello ordenó la libertad inmediata, sin restricciones, de Raimundo Duarte Díaz.
Aunque el funcionario de Piedecuesta recobró su libertad, seguirá vinculado al proceso de investigación junto a los hermanos Víctor Daniel Claro Bonilla, alias Antanilla, y Laura Viviana Claro Bonilla, alias Lámpara.
El caso
El cabildante, según la Fiscalía, habría ejercido labores dirigidas a ocultar los recursos ilícitos, producto del tráfico de estupefacientes.
Junto a Duarte Díaz trabajaban los hermanos Laura Bibiana y Víctor Daniel Claro Bonilla, quienes también habrían prestado sus nombres para ocultar el patrimonio ilícito de La Choncha. La Fiscalía General indicó que el cabildante, desde el primero de septiembre de 2016, habría celebrado varios contratos de compra y venta de inmuebles para darles una apariencia de legalidad y evitar el seguimiento del dinero.
Estas maniobras le habrían permitido al concejal del Partido Conservador el lavado de más de 1.705 millones de pesos, lo que generó un incremento en su patrimonio de 5.741 millones de pesos entre los años 2019 y 2020. Las evidencias indican que el dirigente político era conocido con el sobrenombre de El Rey, además habría sido el encargado de adquirir, vigilar, administrar y ocultar 41 bienes inmuebles y 24 vehículos comprados con dineros producto de actividades ilícitas de la guerrilla del ELN en los departamentos de Santander, Norte de Santander y el Cesar.
Las autoridades sostienen que, con estas actividades, el concejal presuntamente benefició a la guerrilla del ELN, principalmente al frente de guerra nororiental. El cabildante funge actualmente como representante legal y dueño de la mayor parte de la sociedad RASQ S.A.S., la cual estaría vinculada en diferentes hechos económicos ilícitos como contratos de compraventas de bienes ficticios.
En el caso de Laura Claro Bonilla se determinó que ocultó, presuntamente, activos superiores a los 801 millones de pesos, generando así un enriquecimiento ilícito de 204 millones de pesos; mientras que su hermano estaría involucrado en el lavado de más de 2.827 millones de pesos entre 2013 y 2020, generando un incremento en su patrimonio de 1.122 millones de pesos.
En el operativo de captura, conocido como la operación Esparta contra las estructuras armas ilegales, que se realizó al finalizar el mes de septiembre, se registró la incautación de 187 millones de pesos en efectivo y una camioneta de gama alta.
Vale precisar que Yamit Picón Rodríguez, alias La Choncha, es señalado por las autoridades de ser el comandante financiero del frente de Guerra Nororiental del ELN. Fue capturado en el municipio de Piedecuesta (Santander), en septiembre de 2020.