Siguen aumentando los casos de personas quemadas con pólvora, pese a que ya se dieron por terminada las festividades decembrinas. La irresponsabilidad de los santandereanos ha dejado heridos en más de diez municipios, de los 87 que comprende la región.
Lastimosamente, a la fecha ya se superó la cifra de hace un año, la cual fue de 59 casos, pues actualmente se reportan 63 quemados, lo que representa un aumento del 5 % a comparación de las anteriores celebraciones entre 2021 y 2022.
De acuerdo con el balance entregado por el Instituto Nacional de Salud (INS), Santander registró diez nuevas personas afectadas por manipular fuegos pirotécnicos. Algunos de estos casos se encuentran en municipios como Málaga, Rionegro y Simacota.
“En el municipio de Málaga un hombre de 28 años con quemaduras en mano por manipular un volador, tenemos dos casos en Simacota, un hombre de 30 años con quemaduras en miembro superior por volador y una mujer con quemaduras en el miembro superior y en Rionegro un hombre de 36 años con quemaduras en mano por un tote”, señaló Javier Villamizar, secretario de Salud de Santander.
Durante todo el periodo de vigilancia intensificada de lesiones por pólvora que realiza el INS, se ha mantenido en porcentajes similares las lesiones más frecuentes.
En primer lugar, están las quemaduras, nueve de cada diez personas afectadas las han sufrido (91,8 %); en segundo lugar, están las laceraciones, que se han evidenciado en seis de cada diez quemados (63,9 %).
Así mismo, el reporte indica que durante las festividades decembrinas no se registraron niños quemados mientras estaban en compañía de un adulto bajo los efectos del alcohol. No obstante, 13 menores de edad resultaron con quemaduras y dos de estos se encuentran hospitalizados debido a la gravedad de las heridas que sufrieron en el rostro y en las manos.
Tras conocerse los casos de niños lesionados con pólvora, las autoridades indicaron que los padres o acudientes recibirán drásticas sanciones por permitir la manipulación de estos elementos explosivos.
“Nuestro llamado a la comunidad santandereana, si bien aún quedan unos días festivos, es para que evitemos el uso y manipulación de la pólvora con el fin de evitar secuelas irreparables tanto en niños como adultos”, puntualizó Luis Felipe Tarazona, director de Desarrollo, Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud de Santander.
Adicional a esto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también entrará a intervenir.
“En el momento en que (los casos) entran en conocimiento nuestro, se les asigna una autoridad administrativa, sea defensor de familia o sea comisario de familia, para que haga la de verificación de los derechos”, explicó Martha Tovar, la directora de Protección ICBF.
De manera paralela a las denuncias, a nivel Colombia se han iniciado 40 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), 25 de ellos incluyen amonestaciones de asistencia obligatoria a curso pedagógico. De igual forma, se iniciaron 72 procesos de asistencia y asesoría a las familias de los lesionados que no ameritaron PARD.
“Hay que entregar a cada uno de los casos la atención que requieran. Cuando el equipo interdisciplinario de una Defensoría hace la verificación de los derechos del niño o la niña afectada, revisa todas sus situaciones y es allí que el defensor de familia o el comisario define si abre o no proceso administrativo de restablecimiento de derechos porque hay una clara vulneración de derechos y un riesgo para cada uno de estos niños. Por esa razón que hay diferentes formas y diferentes medidas que hemos tomado con cada uno de esos casos”, agregó Tovar.