Ha pasado un año desde aquel 22 de marzo de 2022, cuando un bus escolar rodó cerca de 300 metros por un abismo en zona rural de San Andrés, Santander, y dejó como saldo seis menores muertos y 16 heridos. En las últimas horas, la Fiscalía reveló nuevos detalles de este hecho que enlutó a la región.
Por este trágico caso, el ente acusador citó a José Rossemberg Rojas Moreno, alcalde de San Andrés, y a otros funcionarios de la administración a rendir cuentas. El pasado jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos y en medio de esta diligencia judicial, la Fiscalía puso sobre la mesa los graves hechos de corrupción que antecedieron el siniestro.
“Se permitió la inclusión de un vehículo sumamente viejo, de más de 26 años de uso, en el cual se generó el accidente. Así mismo, se detectó la suscripción de un contrato donde el contratista que fue seleccionado no cumplía con los requisitos mínimos para prestar el servicio de transporte escolar”, explicó la fiscal del caso.
El mandatario local tendría responsabilidad en este hecho, dado que “el señor Rossemberg no realizó la correcta vigilancia del objeto contratado. Con autorización y conocimiento del alcalde, los conductores, con los cuales tenían compromiso político y que no tenían capacitación ni experiencia en transporte escolar, fueron quienes iniciaron ejecutando el contrato”, agregó la fiscal.
Así mismo, la Fiscalía que el mismo día del fatal accidente se ejecutó otro contrato también con vehículos antiguos que sobrepasan el tiempo establecido por la ley. A este lista de presunta corrupción, se suma que los niños eran transportados sin supervisión de auxiliares.
“No le interesó los daños que se podían ocasionar al anteponer esos intereses propios, de cumplir con sus intereses políticos; los perjudicados fueron los niños, quienes eran los usuarios del transporte escolar y fíjese el resultado funesto de este accidente, donde perdieron la vida seis niños y resultaron heridos más de 15”, detalló.
Ya concluyó asegurando que: “en esos actos de contratación por parte del señor alcalde se debió buscar el bien para la comunidad, pero el señor alcalde para cumplir con sus requisitos políticos antepuso los intereses personales sobre la comunidad”.
Así las cosas, la Fiscalía le imputó al alcalde José Rossemberg Rojas Moreno, cargos por los delitos de celebración indebida de contrato y falsedad en documento público, a los cuales no se allanó. Junto con el mandatario están siendo investigadas: Sandra Milena Bautista y Susana Caterina Ardila del Valle por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público.
Y Benito Luna Gutiérrez, gerente de la empresa de transporte La TAE, a él imputaron los delitos de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado y fraude procesal en calidad de coautor.
El próximo lunes 10 de abril se llevará a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra los investigados, en la cual la Fiscalía solicitará que sea intramural teniendo en cuenta la gravedad de los hechos.
Cabe recordar que el día de la tragedia, los estudiantes del Instituto Agrícola Laguna de Ortices estaban felices porque podían ir al colegio y regresar a casa en una ruta escolar por primera vez, ya que antes debían hacer largas caminatas y hasta maromas, para ir a estudiar cada día.
Hacia las 1:00 p. m., cuando el bus escolar que tenía placas SRY-934 iba de regreso hacia el municipio de San Andrés, en el sector conocido como Alto de San Pedro, frente a la Laguna, rodó aproximadamente 300 metros.