Un juez de control de garantías dicto medida de aseguramiento en centro carcelario contra seis personas que se habrían puesto de acuerdo para exonerar del pago de las multas de manera irregular a varios infractores de las normas de tránsito en la ciudad de Cali.
Según explicó la Fiscalía General de la Nación, tras recopilar los elementos de prueba y evidencia física, existía un entramado de corrupción que estaría conformado por funcionarios y particulares de la Secretaria de Movilidad de la capital del Valle del Cauca.
Se trata de cinco servidores públicos, quienes fueron identificados como Andrés Quimbayo Rojas, Juan Carlos Peña Rico, Rubén Darío Martínez Hernández, Jesús Antonio Chica Hincapié y Larry Tovar Ortega; y Sandra Liliana Castañeda Reyes, propietaria de un establecimiento comercial.
Estas seis personas fueron imputadas ante el juez de control de garantías como señaladas de articularse y poner en marcha distintas maniobras para que no se cobraran 516 multas de tránsito a 336 ciudadanos, hechos que ocurrieron entre 2019 y 2022.
La Fiscalía explicó que en algunos casos, los funcionarios habrían emitido resoluciones revocatorias sin sustento alguno. Al parecer, a cambio recibieron 103 millones de pesos.
La imputación de cargos se enfocó, según sus posibles responsabilidades individuales, en los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y cohecho propio.
En otra decisión adoptada en las últimas horas, la Fiscalía informó que logró la judicialización de un hombre que, al parecer, portaba armamento de guerra en el barrio La Esmeralda, de Barranquilla (Atlántico).
Se trata de Iverson Harley Padilla Mena, de 29 años de edad, quien fue capturado por agentes de la Policía Nacional cuando se movilizaba con un lanzagranada, el pasado 22 de junio. De acuerdo con la investigación, esta arma de guerra, fabricada en Alemania, es utilizada para lanzar granadas y cohetes.
Un fiscal de la Seccional Atlántico le imputó cargos por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, cargo que no fue aceptado.
Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.