A internamiento preventivo fue enviado un adolescente de 16 años de edad, señalado como presunto infractor del homicidio de un hombre, ocurrido en el municipio de Cartago (Valle del Cauca).
Así lo solicitó la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías, luego de que el adolescente fue aprehendido, en flagrancia, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Seccional Valle del Cauca y la Policía de Infancia y Adolescencia, en la Urbanización Santa Catalina, del municipio en mención.
“De acuerdo con las labores de la Policía Judicial, los hechos ocurrieron, al parecer, durante una riña utilizando un cuchillo de cocina; durante el forcejeo resultó herida la víctima, de 21 años de edad, quien fue trasladada a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales”, detalló la Fiscalía.
Durante los actos urgentes, las autoridades recuperaron el arma que, supuestamente, fue utilizada para el ilícito, la cual es objeto de análisis forense.
En desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó cargos al adolescente por el delito de homicidio y el juez decidió que debe cumplir medida de internamiento preventivo en centro especializado para adolescentes.
De otro lado, hay conmoción en la comunidad indígena del pueblo Awá, en el resguardo Peñalosa Gran Rosario del municipio de Tumaco, en Nariño, tras el asesinato del líder juvenil José Taicus Pascal, de tan solo 16 años de edad.
Los hechos se registraron en el resguardo Alto Albi cuando la víctima departía con su familia, y de repente llegaron varios sujetos que empezaron a disparar de forma indiscriminada.
Su hermano y guardia indígena, Javier Taicus Canticus, de 21 años, también resultó herido de gravedad y en este momento lucha por su vida en un centro asistencial.
La Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá del Pacífico, (ORIPAP), emitió un comunicado a la opinión pública en el que denuncia, a manera de pregunta, si continuará el exterminio y si habrá esperanzas de vida para las comunidades en este 2023.
Además, rechazan el atentado del que fue víctima el joven líder social que compartía con su familia las celebraciones de fin de año cuando fue vilmente asesinado, a la vez que manifiestan su preocupación porque terminaron el 2022 con las comunidades indígenas confinadas y las personas desplazadas de sus hogares. También manifestaron que no ven esperanza en el anuncio de paz total hecho por el presidente Gustavo Petro a inicios de este año.
“Hacemos un llamado a los actores armados presentes en la región a responder al llamado del Gobierno del presidente Petro a establecer los diálogos que permitan consolidar una paz estable, duradera y con desarrollo integral para nuestras comunidades. Así mismo exigimos que detengan el exterminio del pueblo Inkal Awá y la utilización de nuestros territorios ancestrales sagrados como campos de guerra; y a respetar la integridad y la vida de cada habitante colombiano, sus comunidades, sus líderes y autoridades”, reza el comunicado.
Igualmente, le manifiestan al presidente Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez que la construcción de la paz no es un ejercicio de diseño genérico desde los escritorios de Bogotá, sino que es una labor que debe realizarse en los diferentes territorios.
“Este debe ser un ejercicio de diversificación y tratamiento diferenciado de las realidades disímiles que tamizan estos más de 50 años de conflicto”, puntualiza.
Piden además la elaboración de rutas de acercamiento y la realización de diálogos transversales vinculantes de carácter municipal, regional, departamental, nacional e internacional; en los que participen comunidades étnicas, campesinas, líderes y lideresas, plataformas de derechos humanos y la sociedad civil.
“Escuchen la voz de este pueblo originario, de esta vieja raza milenaria, que emplea la palabra y el bastón de autoridad como sus armas de lucha y resistencia en defensa de la vida, la dignidad y el territorio”, señala.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, (INDEPAZ), indica que este es el líder social número 1.410 que es asesinado en Colombia desde la firma del acuerdo de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, y que se convirtió en la primera víctima de esta clase en el 2023.