“Atrevida, irresponsable y estratagema”, así calificó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a la Procuraduría debido a las investigaciones que el ente de control adelanta por preguntas irregularidades en los procesos de contratación de la ciudad.
La Procuraduría afirma que entre enero de 2020 y junio de 2022 se suscribieron 75.509 contratos de manera directa, prácticamente a dedo, por un valor superior a los $2,8 billones en la capital del Valle del Cauca.
Frente a esta escandalosa situación, Ospina afirmó en Pregunta Yamid del Canal 1 que la entidad “ha hecho una revisión ligera” sobre la contratación en Cali.
En medio de las acusaciones contra la Procuraduría, aceptó que durante su administración sí se han realizado contrataciones a dedo. No obstante, trató de validarse con la premisa de que “se hizo para contratar talento humano para salvar vidas en el marco de la pandemia y bajo la responsabilidad de colocar las vacunas”.
Tildó de caídas del zarzo la estimación de 2.8 billones que hizo la Procuraduría argumentando que el presupuesto de la ciudad es mucho menor y que por eso carecía de sentido: “Nuestro presupuesto es de apenas 600.000 millones de pesos por año de inversión”. “La información que entrega la Procuraduría colectiviza todas las agendas del estado local”, añadió.
La cifra entregada por el ente de control resulta escandalosa si se tiene en cuenta que significa el 57 % del total de contratos celebrados por la administración distrital en la ciudad de Cali.
La Procuraduría también indica que “se habrían celebrado contratos de empréstitos por $ 625.644 millones con periodos de gracia de dos años para la ejecución de proyectos programados para 2022, que a la fecha no han iniciado su formulación final o su ejecución”.
Es decir, tienen el capital asegurado, pero no se explica cómo sucedió eso sin que estuvieran planeados y que, apenas a unos meses de que termine el año, ni siquiera han empezado con los trabajos.
Por otro lado, el ente de control encontró una serie de contratos millonarios que no se hicieron por licitación abierta, sino, posiblemente para evitar el concurso público, se firmaron como convenios entre entidades del Distrito para pasar por encima de la Ley 80 de contratación pública.
En este caso se evidenciaron 18 convenios entre secretarías y entidades distritales con Emcali y la pregunta para la Procuraduría es: ¿por qué no se utilizaron modalidades de selección abiertas, dado los bienes y servicios que se contrataron?
La Procuraduría advirtió además que, en 2021, $ 1.5 billones fueron contratados directamente, mientras que solo $ 437.175 millones se adelantaron mediante algún proceso competitivo. Es decir, el año pasado, el 78 % fueron contrataciones directas.
Son tan graves los hallazgos del ente de control que convocó a la alcaldía a una mesa de seguimiento en le presentaran estas presuntas irregularidades que para la Procuraduría generan alto riesgo de que se pierdan los recursos públicos.