A través de la Resolución n.° 2175 del 25 de noviembre de 2024, el Gobierno nacional nombró a un alcalde ad hoc para encargarse de los temas relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Cali, tras la declaración de impedimento de Alejandro Éder.
En este contexto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, designó a Andrés Orlando Peña Andrade, actual asesor del Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, para asumir estas funciones.
La decisión se tomó luego de que Éder informara a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, que se declaraba impedido para tratar cualquier asunto vinculado al POT y otros instrumentos relacionados.
El alcalde justificó su impedimento al señalar un posible conflicto de intereses, ya que varios de sus familiares podrían “tener inversiones en los sectores de construcción, ingeniería civil, cementos, industria básica del hierro y del acero, así como también en el sector inmobiliario, de finca raíz y hotelero, y en actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”.
Por su parte, el 6 de noviembre, la Procuraduría Regional aceptó el impedimento presentado y, en consecuencia, dispuso remitir las diligencias al Ministerio del Interior para que procediera con la designación de un funcionario ad hoc.
Una de las tareas clave de Peña será analizar detenidamente los planes urbanísticos para asegurarse de que se ajusten a las necesidades estratégicas de la ciudad, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.
Además, gracias a su experiencia en análisis legal y en estudios de desarrollo territorial, podrá revisar contratos y decisiones relacionadas con el crecimiento urbano, con el objetivo de detectar posibles irregularidades y garantizar la protección de los intereses de la comunidad.
El Gobierno destacó que este nombramiento tiene como objetivo enviar un mensaje claro sobre la ética y la imparcialidad en la administración pública, particularmente en una ciudad como Cali, donde los intereses privados en cuestiones urbanísticas han generado controversias anteriormente.
“En ese sentido, el Gobierno nacional ha destacado que la experiencia jurídica de Peña Andrade es determinante para garantizar que cada decisión cumpla con la normativa vigente y beneficie a todos los caleños, fortaleciendo la confianza en la planificación y gestión territorial de la ciudad”, mencionaron desde el Ministerio del Interior.
Al elegir a un funcionario sin lazos directos con la ciudad, se refleja el compromiso del Ministerio del Interior de adoptar un enfoque técnico y neutral, asegurando la transparencia y objetividad en la toma de decisiones.
“Es importante señalar que el Plan de Ordenamiento Territorial marca un momento crucial para Cali, ya que desde este ordenamiento se perfilan las estrategias para enfrentar los desafíos de crecimiento, movilidad y sostenibilidad que definen el futuro de una de las principales capitales del país”, dice el ministerio.
De acuerdo con el Gobierno nacional, Peña Andrade, asesor jurídico del Ministerio del Interior, posee una vasta experiencia en el ámbito de la administración pública y el derecho. Su carrera incluye más de cuatro años de trabajo en el Ministerio de Justicia, así como una destacada labor en la Defensoría del Pueblo. Su sólida formación jurídica será fundamental para asegurar que los procesos vinculados al POT, incluyendo los planes parciales y las futuras contrataciones, se ajusten a los estándares de legalidad y transparencia.