Los ataques terroristas en el departamento del Cauca no se detienen. Este viernes 10 de mayo de 2024, un carro cargado con explosivos detonó en el barrio Porvenir en jurisdicción de Miranda, Cauca.
Se conoció que el vehículo que explotó estaba adaptado para lanzar unos tatucos que irían en contra de una base militar de la zona e incluso los primeros reportes indican que sobre la base militar pasaron explosivos.
La fuerte detonación generó pánico entre la comunidad. Hasta el momento no se han reportado personas muertas o lesionadas, pero sí el fallecimiento de un perro callejero que fue alcanzado por la onda explosiva.
En esta zona del país hay presencia de disidentes de las Farc, específicamente la columna Dagoberto Ramos en la vereda Guatemala, zona rural de este municipio nortecaucano.
Además, a pocos metros de donde se registró el atentado está ubicada una base del Ejército Nacional, por lo que presumen que este ataque iba dirigida a esa unidad.
Tras este atentado, en la zona hacen presencia integrantes del Comando Específico del Cauca que buscan evitar que se registren nuevas detonaciones en la zona.
Agentes del CTI secuestrados en el Cauca
Bethy Amanda Mage y Gerzón René Rivera son los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación que se encuentran secuestrados en el departamento del Cauca por las disidencias de las Farc.
Según se conoció, ambos trabajaban en la unidad de exhumaciones en ese departamento con el fin de conocer la verdad sobre varios casos que la justicia hoy investiga o en su defecto ya esclareció; sin embargo, para este grupo armado ilegal, estas dos personas se encontraban realizando labores de inteligencia en una zona que está, según ellos, bajo su poderío.
“En un punto de control y registro del Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental, fueron sorprendidos transitando dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, identificados como Gerzon Rivera y Betty Amanda Mage, uno de ellos técnico investigador con funciones de policía judicial, además de su acompañante María Yeni Ruiz”, señala un documento que se conoció y firmado por el grupo criminal.
Después de una semana, las disidencias de la Farc no daban razón de los funcionarios secuestrados, luego salieron con una “perla” encima de una exigencia para liberar a los agentes del CTI. Según pudo establecer SEMANA, las disidencias pidieron despejar cinco municipios para definir la forma y el cómo concretar la liberación.
Se trataba de una extorsión al Gobierno para conseguir el despeje de los municipios y en contrapresión liberar a los funcionarios. El Gobierno rechazó la exigencia y negaron cualquier posibilidad de despeje en los municipios, al contrario, pidió la libertad inmediata de los funcionarios.
“Como vemos, la ruptura al cese al fuego pone en riesgo a militares, policías y demás funcionarios del Estado que transitan dentro de las áreas que están bajo control político y militar de las Farc EP y muchas veces cumplen tareas de la inteligencia no solo contra las Farc EP sino contra los liderazgos sociales y comunitarios”, señala el comunicado de las disidencias.
Ahora y de forma más descarada, de acuerdo con las versiones que pudo conocer SEMANA, las disidencias de las Farc culpan a las fuerzas militares por lo que pueda ocurrir a los agentes del CTI. Aseguraron que los constantes operativos en la zona ponen en riesgo a los funcionarios, así las cosas “no pueden garantizar la seguridad de los agentes”, señaló una fuente a SEMANA.