El escándalo por presunta corrupción en contratos de Empresas Municipales de Cali (Emcali) sigue cobrando puestos dentro de la entidad. A las renuncias del gerente general, Juan Diego Flórez, y del gerente de energía, Marino del Río Uribe, se sumaron dos gerentes este lunes.

SEMANA conoció que dejaron sus puestos Jorge Saldarriaga, gerente de abastecimiento empresarial; Arturo Fernández, gerente comercial; y Diana Patricia Urrego, directora jurídica.

Sus renuncias se dan luego de que el Sindicato de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali) se tomó pacíficamente las instalaciones de la gerencia de Emcali, ubicada en el tercer piso del Centro Administrativo Municipal (CAM), para exigir las renuncias de los funcionarios relacionados al escándalo y del alcalde Jorge Iván Ospina, quien hace parte de la junta directiva de la entidad.

Pese a que las renuncias de los dos gerentes mencionados y la directora jurídica de la entidad son consideradas por el sindicato como un paso positivo, la corporación asegura que faltan más salidas de funcionarios. “Si bien es cierto, estos movimientos constituyen un avance, no son suficientes, son más los gerentes y mandos medios responsables de todos los despropósitos que se han cometido en contra del patrimonio público, y que hemos denunciado insistentemente desde la organización sindical”, dice Sintraemcali.

Emcali está envuelta en un escándalo por presuntos sobrecostos en un contrato firmado con la Unión Temporal AMI 2022 para la instalación y puesta en funcionamiento de unos medidores de energía inteligentes. El trato alcanzado entre las partes por un valor que supera los 215.000 millones de pesos plantea la compra de sillas por más de 17 millones, televisores por más de 42 millones de pesos y sistemas de pantallas por más de 763 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría se encuentran investigando las irregularidades. De hecho, la Procuraduría realizó una audiencia pública en Cali este lunes con asociaciones gremiales y comunitarias, y la ciudadanía para escuchar denuncias frente al manejo de los recursos públicos.

Tras estas nuevas renuncias se pronunció el gerente encargado de Emcali, Fulvio Leonardo Soto: “Hoy solicitamos las renuncias al equipo directivo que está al frente de las diferentes gerencias de Emcali y de otras unidades estratégicas. Procedemos a recibir las renuncias y aceptarlas dentro del rigor legal”. Entre tanto, señaló que este martes la entidad llevará a cabo una audiencia pública en la que esperan darle respuestas a la ciudadanía sobre el escándalo.

El contrato con supuestos sobrecostos adjudicado por Emcali sería la punta del iceberg de las irregularidades en la capital del Valle del Cauca si se tienen en cuenta los hallazgos de la Procuraduría. El organismo prendió las alarmas por un eventual millonario detrimento y presuntas irregularidades graves que se pueden dar en la alcaldía de Jorge Iván Ospina.

Según la advertencia del ente de control, en Cali están sucediendo cosas muy graves como que entre enero de 2020 y junio de 2022 se suscribieron 75.509 contratos de manera directa, prácticamente a dedo, por un valor superior a los $ 2.8 billones.

La cifra resulta escandalosa si se tiene en cuenta que significa el 57 % del total de contratos celebrados por la administración distrital en la ciudad de Cali.

Por si eso fuera poco, señala la Procuraduría, “se habrían celebrado contratos de empréstitos por $ 625.644 millones con periodos de gracia de dos años para la ejecución de proyectos programados para 2022, que a la fecha no han iniciado su formulación final o su ejecución”.

Es decir, tienen el capital asegurado, pero no se explica cómo sucedió eso sin que estuvieran planeados y que, apenas a unos meses de que termine el año, ni siquiera han empezado con los trabajos.

Por otro lado, el ente de control encontró una serie de contratos millonarios que no se hicieron por licitación abierta, sino, posiblemente para evitar el concurso público, se firmaron como convenios entre entidades del Distrito para pasar por encima de la Ley 80 de contratación pública.

En este caso se evidenciaron 18 convenios entre secretarías y entidades distritales con Emcali y la pregunta para la Procuraduría es: ¿por qué no se utilizaron modalidades de selección abiertas, dado los bienes y servicios que se contrataron?

La Procuraduría advirtió también que, en 2021, $ 1.5 billones fueron contratados directamente, mientras que solo $ 437.175 millones se adelantaron mediante algún proceso competitivo. Es decir, el año pasado, el 78 % fueron contrataciones directas.

Son tan graves los hallazgos del ente de control que convocó a la alcaldía a una mesa de seguimiento en le presentaran estas presuntas irregularidades que para la Procuraduría generan alto riesgo de que se pierdan los recursos públicos.