Este sábado se conoció la renuncia del gerente de Emcali, Marino del Río Uribe, luego del escándalo por sobrecostos en el contrato de Emcali con la Unión Temporal AMI, que ha sido noticia en los últimos días.

Precisamente, mediante su cuenta de Twitter, el gerente confirmó la decisión y dijo que se apartaba del cargo para “facilitar las investigaciones” que adelantan las autoridades en el millonario contrato.

“Mi gestión como Gerente de Energía de las Empresas municipales de Cali ha sido siempre transparente y para facilitar las investigaciones de los diferentes órganos de control, he decidido renunciar a mi cargo”, confirmó del Río.

Cabe recordar que, el pasado miércoles, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, la renuncia del gerente de Empresas Municipales de Cali (Emcali), Juan Diego Flórez.

“El ingeniero Juan Diego Flórez batalló valientemente en entornos muy difíciles de pandemia y estallido social al frente de Emcali. Sus aciertos muchos y memorables, y hoy con dignidad y ante procesos a clarificar en personal bajo su mando, decide presentar renuncia que he aceptado”, escribió.

El mandatario de los caleños continuó su mensaje: “Ahora debemos revisar todo lo denunciado en relación a adquisiciones lo que significa una reingeniería total del personal a cargo Juan Diego. Gracias, sabes muy bien que conozco más tus aciertos que tropiezos. He decidido encargar al ingeniero Humberto Serna como gerente”.

Al frente de la entidad continúan: Jorge Saldarriaga, gerente de Abastecimiento Empresarial; Carolina Serna, gerente financiera; Arturo Fernández, gerente comercial y Humberto Serna, gerente de acueducto y alcantarillado.

¿Por qué tanto escándalo en Emcali?

El cuestionado contrato que Empresas Municipales de Cali (Emcali) adjudicó a la unión temporal AMI 2022 para poner en marcha unos medidores de energía inteligentes, no solo contempla la compra de televisores por casi 43 millones de pesos y sillas por más de 17 millones de pesos, sino que además establece un adelanto de 15.119.099.000 pesos.

SEMANA tuvo acceso al contrato y conoció que el compromiso fue firmado el 21 de julio de este año con total conocimiento del gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, y del representante legal de la unión temporal AMI 2022, Juan Camilo Ossa Hoyos, por un valor total de 215.879.358.926 pesos.

El contrato empezó desde el momento en que las partes estamparon sus firmas y va hasta el 31 de diciembre de 2028. En el documento se establece que Emcali deberá desembolsar cada año unos montos fijos, hasta cancelar el valor total del contrato.

El primer pago quedó establecido para este año por un monto de 23.695.031.047 pesos, de los cuales 15.119.099.000 pesos se pagarían de manera anticipada y “reembolsable”, mientras que el resto (8.575.932.047 pesos) se cancelarían por concepto de “pago de vigencia”. “Los pagos se realizarán dentro de los veinte a treinta días calendario contados a partir de la aceptación de la factura”, asegura el contrato.

Tal parece que el jugoso adelanto que Emcali debe hacer a la unión temporal AMI 2022 todavía no se ha desembolsado, pese a que el contrato se firmó en julio y sigue vigente.

Empresarios involucrados en escándalo de Emcali advierten que no aceptarán que les terminen el contrato

Y es que no para la polémica tras el contrato que fue suscrito por Emcali, por más de 215 mil millones de pesos, en el que fueron destapadas irregularidades como compras de televisores de 55′' Smart LED cobrados por 42.897.987 pesos, mientras que en el mercado se encuentra en al menos seis millones de pesos, y sillas ergonómicas de uso intensivo 24/7 que aparecen en 17.968.474 pesos. La Procuraduría dispuso de un equipo de alto nivel que ya llegó a las instalaciones y está recaudando las pruebas de la corrupción.

Hay un documento que se radicó en las últimas horas, dirigido a la gerencia de Emcali, en el que varios empresarios dejan claro que, por ahora, no aceptarán la terminación del contrato bilateral o unilateralmente. Su tesis es que todo tipo de decisión contractual debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, a pesar de la polémica que se ha generado por posibles sobrecostos y millonarias sumas que estarían en juego.