Roberto Rodríguez, concejal por el partido del Centro Democrático, hizo una fuerte denuncia después del desalojo de 200 personas que intentaban invadir y crear lotes de al menos 230.000 metros cuadrados de terrenos en el sector de Comfandi Morichal. El cabildante aseguró que funcionarios de la Alcaldía de Cali estarían involucrados en la venta de lotes, en ese sentido, en la planeación de las invasiones.

“La comunidad me indica que a los coordinadores de estas invasiones los describen como ‘El Negro’ de seguridad y ‘El Gordo’ de infraestructura; que ellos se encargaron de citar a cerca de 200 personas en cercanías del corregimiento de Navarro para entregarles sus lotes, que eran vendidos entre $100.000 y $2.000.000 millones, pero casualmente, justo el día de la supuesta entrega de esos predios, llegó la Policía y los desalojó, dejando a la gente sin su plata”, señaló Rodríguez.

Cabe recordar que esta situación se presentó el pasado martes, 12 de julio, cuando agentes de la Policía y miembros del Esmad tuvieron que desalojar un predio privado que algunas personas pretendían repartirse para habitarlo.

“Recuperamos la tenencia del lote y se la devolvimos al propietario”, dijo Jimmy Dranguet, secretario (e) de Seguridad y Justicia de Cali, sobre el predio que es parte de tierras sembradas con caña.

Roberto Rodríguez también señaló que los vecinos del sector le dijeron que tenían fotos de los coordinadores de estos planes para invadir espacios que, para ser habitables, primero los queman para poder parcelizar.

Ante estas denuncias, Jimmy Dranguet dijo que no tenía información acerca de funcionarios involucrados en esta ilegalidad.

“No vamos a permitir estas invasiones ni la ocupación ilegal de predios públicos y privados con fines delictivos. Hay una banda criminal que está llegando a estos espacios, quema caña, lotea y buscan venderlos a personas con necesidad de vivienda. La ley es para todos. No tengo conocimiento de personas vinculadas a la Alcaldía que estén relacionadas con esta actividad ilegal. La batalla contra las invasiones en Cali es frontal y si descubrimos que personas nuestras están vinculadas a este delito, utilizaremos todos los mecanismos legales en su contra”, aseguró Dranguet.

En esa línea, se ofrecieron hasta 30 millones de pesos de recompensa por información de valor que permita detener a quienes promueven estas invasiones que generan problemas de orden público en la ciudad.

Según el funcionario, desde la Alcaldía se activó una estrategia para prevenir que se presenten este tipo de invasiones ilegales. El plan consiste en ofrecer una serie de recompensas y conformar un grupo investigativo para dar con el paradero de los responsables de las invasiones.

“Hemos consolidado el fondo para recompensar cualquier información que nos permita judicializar a las bandas que están promoviendo la invasión de tierras en Cali”, señaló el alcalde Jorge Iván Ospina en su cuenta de Twitter.

Amenazan de muerte a funcionarios de la Alcaldía por desalojo de predios ocupados ilegalmente

Cuatro funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, quienes tienen la función de atender todo lo relacionado con el tema de invasiones, además de adelantar procesos jurídicos para recuperar esos predios que ilegalmente han sido ocupados, fueron amenazados de muerte por hacer su trabajo.

John Jairo Olave, juez de Paz de la Comuna 21 de Cali, uno de los funcionarios amenazados, relató el angustiante momento. “Nos hicieron llegar un documento con cuatro balas. Lo único que hacemos nosotros es servir socialmente a la comunidad del sector de la Comuna 21, les prestamos apoyo en derecho y conciliación. Rechazamos esta amenaza”, manifestó.

Cabe destacar que Olave lleva aproximadamente ocho años en el sector realizando un trabajo social enfocado en diferentes temas (salud, pandillas, jóvenes) y recientemente las invasiones. “Con el fin de no promover esta ilegalidad, hemos denunciado a los grupos que se la pasan vendiendo predios, así estafan a la gente del oriente de Cali y del Pacífico que llega a la ciudad”, dijo.

Asimismo, Olave contó que reciben maltrato verbal de la comunidad cuando acompañan a funcionarios de la inspección para pegar avisos de desalojo. “Gracias a Dios, hasta el momento no se ha recibido maltrato físico; sin embargo, en esta ocasión recibimos la amenaza más concreta”, señaló.

Al conocerse esta situación, los funcionarios inmediatamente recibieron apoyo de la dependencia de seguridad.

“Hemos tomado las medidas respectivas; primero, la denuncia: se puso en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación de esta situación, hablé personalmente con la dirección de Fiscalía y ya hay un equipo de fiscales que se va a encargar de investigar y llevar hasta las últimas consecuencias esta denuncia”, dijo Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.