Muchos reclusos de la cárcel de Tuluá perdieron todas sus pertenencias en la madrugada del martes durante el incendio que acabó con la vida de 51 personas.

Luego de la tragedia, las autoridades penitenciarias permitieron a las familias entregar una bolsa con algunos elementos de aseo y ropa, pero algunos no recibieron nada porque sus allegados viven lejos o no tenían recursos para comprar los materiales.

Por esta razón, la Gobernación del Valle del Cauca se solidarizó con los internos e instó a los ciudadanos a hacer lo mismo por medio de una donatón que desde ya se está realizando.

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, pidió a todos los que puedan sumarse a la iniciativa con “ropa, artículos de aseo, toallas y cobijas para más de 90 presos que quedaron sin ninguna protección, no tienen ropa, no tienen elementos de cuidado”.

Señaló que mediante las secretarías de Convivencia y Seguridad Ciudadana y de Gestión del Riesgo de Desastres se han conseguido algunos insumos. “Estamos aportando todos, especialmente ropa de hombre en muy buenas condiciones o nueva”, añadió.

Las donaciones están siendo recibidas en el piso 11 del edificio de la Gobernación, en el centro de Cali, en la Secretaría de Salud del Valle, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

La tragedia, además de los 51 muertos, dejó 24 reclusos heridos, mientras que 84 resultaron ilesos en el incendio que habría iniciado tras una riña entre internos del pabellón ocho.

Traslado de reclusos

El incendio ocurrido en la zona antigua del penal, la cual no cuenta con sistema para controlar este tipo de emergencias, derivó en la clausura temporal de los pabellones ocho, nueve y once. Vale resaltar que el diez está en aislamiento sanitario por un brote de varicela.

Además, la conflagración habría afectado la estructura del centro penitenciario, razón por la que las condiciones de seguridad no están dadas para mantener a los internos dentro de esas instalaciones.

En ese sentido, 350 reclusos fueron trasladados a diferentes cárceles del país ubicadas en Calarcá, Cartago, Ibagué, Manizales, Pereira, Armenia y Jamundí.

Después de una revisión técnica a las instalaciones del penal, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a las autoridades “evaluar de manera inmediata la posibilidad de ordenar sellamiento de la estructura antigua del establecimiento carcelario”.

Con esta recomendación se busca salvaguardar la vida de los reclusos y de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que trabajan en la cárcel de Tuluá.

Esta solicitud enviada formalmente este miércoles al director del Inpec, Tito Yesid Castellanos; el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Andrés Díaz; el director nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González; la gobernadora Clara Luz Roldán, y el alcalde de Tuluá, Jhon Jairo Gómez, debe ser contestada en un informe detallado dentro de los próximos cinco días hábiles.