Un juez de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a dos personas, señaladas de pertenecer a una organización criminal que estaría involucrada en los recientes ataques y amenazas en contra de jueces y otros funcionarios judiciales en el municipio de Tulúa, Valle del Cauca.
Se trata de Claudia Lorena Moscoso Gilón y Rubiel Antonio Tobar Gutiérrez, quienes fueron capturados por las autoridades durante actividades de allanamiento en una vivienda de Tulúa. En medio de la intervención, los agentes del CTI incautaron teléfonos celulares, computadores, publicidad electoral y un arma de fuego, entre otros elementos.
Moscoso Gilón, abogada de profesión, fue suspendida disciplinariamente por diferentes faltas. Actualmente, enfrenta un juicio por el delito se concusión.
La Fiscalía estableció que varios de los servidores judiciales que conocieron o siguen el proceso en su contra han sido víctimas de intimidaciones y sus nombres aparecen en los panfletos con amenazas de muerte que la red delincuencial distribuyó recientemente entre julio y agosto, en los que también figuran periodistas, políticos y otras personalidades de la ciudad.
Según el ente acusador, Moscoso Gilón es propietaria de una empresa de transportes. Los elementos de prueba indican que habría ordenado incinerar algunos vehículos de su compañía para configurarse como víctima y presionar la asignación de nuevos cupos para automotores, sin cumplir con los requisitos de ley.
Los indiciados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Mientras se surten las investigaciones correspondientes, los acusados deberán permanecer en centro carcelario hasta que se resuelva su situación jurídica y judicial.
Ocupan ocho bienes que eran utilizados para explotar sexualmente a mujeres en Cartagena
La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre ocho bienes ubicados en Cartagena que, al parecer, habrían estado al servicio de una red delictiva dedicada a la trata de personas y la explotación sexual.
Se trata de un inmueble urbano, dos sociedades y cinco establecimientos de comercio avaluados en más de 1.255 millones de pesos. Las propiedades afectadas pertenecerían a dos presuntas organizaciones criminales, conocidas como “Los Caleños” y “El Amparo”, que delinquían en la capital de Bolívar y que fueron desarticuladas el pasado mes de abril.
“En esa operación se logró la captura de 11 personas y se pudo establecer que en un uno de los establecimientos de lenocinio, tenían a una menor de 15 años quien era víctima de explotación sexual, evidenciando así el modus operandi de estas organizaciones criminales cuya finalidad era ofrecer servicios sexuales de mujeres, que además, eran obligadas a pernoctar en estos lugares”, explicó la Policía Nacional.
De acuerdo con las autoridades, esas personas se encargaban conseguir mujeres colombianas y de nacionalidad extranjera para explotarlas sexualmente con el fin de obtener beneficios económicos en establecimientos comerciales que también eran utilizados para el consumo de estupefacientes por sus clientes.
Además, según la Fiscalía, las víctimas ejercían actividades sexuales en medio del constreñimiento y otras condiciones crueles y degradantes.
Las investigaciones adelantadas por los funcionaros judiciales dan cuenta que dichas organizaciones ilegales entregaban documentos falsos a las víctimas adolescentes para hacerlas pasar como mujeres adultas y así intentar evadir los registros de las autoridades.
Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).