La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación ocupó en Tuluá, Buga y Yotoco (Valle del Cauca) 4 inmuebles, 1 camioneta, 1 tractocamión, y 1 motocicleta presuntamente adquiridos por posibles integrantes de una red dedicada al tráfico de estupefacientes.
Los bienes, al parecer, eran propiedad de Otoniel Villafañe Montoya, un ciudadano español presuntamente relacionado con el delito de tráfico de estupefacientes que habría desarrollado en España.
Villanafe Montoya fue capturado en el año 2022, tras una investigación liderada por las autoridades colombianas y españolas que surgió luego de una alerta por el aumento de incautaciones de cocaína en España.
Pues bien, las indagaciones dieron cuenta que detrás de ese panorama estarían vinculado Otoniel Villafañe junto con otro hombre identificado como Wilson Humberto Parra Murcia.
Según las autoridades, los dos capturados pertenecían a una red internacional de narcotráfico que transportaba la droga hacía Madrid, por medio de vehículos particulares.
El material probatorio reveló que Parra Murcia se habría encargado de la fabricación y procesamiento de clorhidrato de cocaína mediante la adquisición de base de coca y productos químicos aliados para su elaboración, mientras que Villafañe era el encargado de la distribución y comercialización.
Por estos hechos la embajada del Reino de España presento la solicitud formal de extradición contra Villafañe Montoya, capturado el 4 de noviembre del 2022, con fundamento en una notificación roja de Interpol.
La Fiscalía informó que los bienes ocupados fueron cobijados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro; su valor preliminar supera los 1.300 millones de pesos.
El ente acusador precisó que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar las propiedades afectadas con medidas cautelares.
Golpe al Clan del Golfo
A la cárcel fueron enviados cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados de ser los responsables del desplazamiento forzado a la población indígena y afrodescendiente en el departamento del Chocó, según lo informó la Fiscalía General de la Nación. Todo se dio en desarrollo de un minucioso operativo.
En medio de las detenciones fueron incautadas seis armas de fuego, munición, equipos de comunicaciones y de cómputo, entre otros elementos. El ente acusador señala que, en medio de la labor investigativa adelantada, en articulación con el Ejército y la Policía Nacional, se logró recaudar material probatorio para argumentar la necesidad de capturar a estos cinco presuntos integrantes del Bloque Pacífico Jairo de Jesús Durango Restrepo del Clan del Golfo, que tiene injerencia en el departamento chocoano.
Los detenidos tendrían constantes enfrentamientos con el frente Ernesto Che Guevara del ELN, buscando el control territorial por lo lucrativo de las rentas criminales en el sector. Esa disputa es la que habría generado el desplazamiento y confinamiento de la población afro e indígena que habita los municipios de Nóvita, Sipí, Medio San Juan e Istmina, ubicados en la subregión del San Juan en Chocó.
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) imputó a los capturados el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo y de defensa personal. El cargo no fue aceptado.
Por petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías les impuso a los procesados medidas de aseguramiento en centro carcelario, señala la entidad en un comunicado. En el mismo, también detalla los elementos incautados: 4 fusiles, 1 carabina, 1 pistola, 1 granada de fragmentación, cerca de 1.000 cartuchos para distintas armas, 13 proveedores para fusil, 4 radios de comunicación, 7 memorias USB, 10 tarjetas micro SD, 5 celulares, 1 agenda, entre otro material.
Cabe recordar que el pasado 20 de junio, la Defensoría del Pueblo había alertado de las confrontaciones que generaban pánico en la región. En su momento, la entidad solicitó al Gobierno nacional, departamental y local que brinden atención urgente y garanticen los derechos de 357 personas pertenecientes a 102 familias que se vieron obligadas a desplazarse debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan de Golfo, en el departamento de Chocó.