A Jhon Stiven Lucumí le llegó el carné de libre circulación por la zona rural de Suárez, norte del Cauca, tres días después de su asesinato. Era un papel cubierto con plástico donde estaba su foto 3x4 en fondo azul, su nombre mal escrito, número de cédula y letras rojas con una tipografía más grande que decía: “Permiso para transitar en Suárez”. Más abajo, estaban las insignias del Comando Organizador de las Farc y la firma de la columna disidente Jaime Martínez.
El documento se lo entregaron a Clemencia, tía de Jhon, dos hombres en moto, que llegaron con armas en la cintura, pero muy amables: “Mi señora, le llegó una encomienda desde la montaña. Finalmente logramos conseguirle el permiso a su sobrino. Dígale que ya puede trabajar sin problema”. Clemencia los miró fijamente sin mencionar una sola palabra, luego cerró la puerta y el llanto la derrumbó nuevamente. Tres días antes recibió la noticia en ese mismo lugar de la casa.
Otro de sus sobrinos llegó con amigos y casi derriban la puerta, ella ni siquiera necesitó preguntarles qué pasaba, al ver las lágrimas intuyó lo obvio: Jhon estaba muerto. Apenas tenía 26 años, nació y se crio en la vereda Mindalá, a los 18 años se mudó a trabajar en la construcción en Cali. Así lo hizo por seis años, pero a mediados de abril de 2023, la industria edificadora aplicó el freno de mano ante la cancelación de muchos subsidios de vivienda del Gobierno, lo que se tradujo en menos puestos de trabajo. Jhon quedó desempleado al finalizar el mes.
Su historia no era diferente a la de la mayoría de los jóvenes con escasos recursos del país: vivía de su salario y, al no encontrar trabajo en Cali, decidió regresar a su tierra, a Suárez, donde el crecimiento de cultivos ilegales ha generado empleos como raspachines.
“Cuando él me dijo que quería devolverse lo primero que yo le dije es que esto ya no era igual que antes, que ahora había que pedir permiso para moverse de una vereda a otra. Yo le dije: mijo, intente en otra cosa allá, que esto acá está muy feo, pero no, él estaba empecinado en que quería estar en su tierra”, cuenta Clemencia.
Lo primero que ella hizo fue pedirle los documentos: una foto 3x4 azul, una carta donde detallara a qué se iba a dedicar en la zona y quiénes eran sus familiares, nombre completo y fotocopia de la cédula.
Jhon le envió todo rápidamente, pero la respuesta de las disidencias fue negativa. En primera instancia le negaron el carné, que no es otra cosa que una visa de vida. Su tía pidió audiencia con el cabecilla de la zona, quien le manifestó que revisarían los documentos de nuevo, pero que mientras tanto no existía problema para que Jhon regresara al territorio. “Ellos me aseguraron que no lo matarían, pero finalmente lo mataron”. Jhon regresó un lunes de junio por la mañana y empezó a trabajar al día siguiente en un cultivo cercano.
Dos semanas después, fue a acompañar a una amiga de infancia al corregimiento La Betulia, allí hay un retén permanente de las disidencias, le pidieron papeles y el carné de circulación, pese a estar todo en orden, aún no tenía el último documento. “Lo que nos cuenta la muchacha es que a él le pidieron el carné y él les explicó que ya estaba en trámite, pero ellos no le creyeron. Lo hicieron arrodillar y le dispararon en la cabeza. Luego lo dejaron ahí como un día y medio, tirado como un perro”, lamenta Clemencia.
La comunicación entre cuadrillas de la columna disidente Jaime Martínez no fue oportuna; por eso, sin saber la situación, los dos hombres en moto le entregaron el carné a la tía de Jhon, a quien creyeron le estaban haciendo un favor. La visa de la vida le llegó cuando lo acababan de enterrar. El control de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, en el Cauca es total y se traduce en situaciones como esta: permiso para transitar, emprender, hablar y vivir.
Los dueños de las armas y del terror son capaces de ejecutar las acciones más atroces para demostrar su poderío sobre quienes allí habitan. Prueba de ello, son los atentados terroristas con carros bomba perpetrados la semana pasada en los corregimientos de Timba y Potrerito, ubicados en la frontera entre el Valle y el Cauca.
Tres personas murieron, hubo más de 15 heridos, seis casas y un colegio destruidos, pérdidas millonarias en dos talleres de motos, desplazamiento y la zozobra de que en cualquier momento se repita esta situación, es el saldo de estos ataques. Desde hace poco más de dos años, el Cauca es tierra de nadie. Las disidencias de ‘Iván Mordisco’ le ganaron el pulso al ELN en el sur del departamento, en puntos clave como Argelia y el corregimiento El Plateado, principal ruta para sacar droga por el Cañón del Micay hacia el Pacífico caucano. La coca se siembra en el sur y la marihuana en el norte del Cauca.
En el primer caso, Iván Mordisco tiene el control con el frente Carlos Patiño, que es amo y señor en Argelia y El Plateado. Ese bloque criminal se quedó con los laboratorios donde se produce la pasta de coca y la ruta para sacar los cargamentos hacia López de Micay, Guapi y Timbiquí, en esas zonas del Pacífico distribuyen la mercancía en semisumergibles que salen directo hacia Esmeraldas, Ecuador, y posteriormente a Centroamérica.
Cabe recordar que Iván Mordisco es la cabeza del Comando Organizador de Occidente, que agrupa al menos 11 columnas y seis frentes disidentes, entre los que están Carlos Patiño, Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que tienen el control total del Cauca.
Mientras la Carlos Patiño manda en el sur, las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez lo hacen en el norte. La primera tiene el control de Corinto, Caloto, Toribío, Santander de Quilichao, Jambaló, Guachené, Puerto Tejada y Villa Rica; la segunda, está en zona rural de Jamundí, Valle, Timba, Buenos Aires, Suárez y la región del Naya, la otra salida terrestre del Cauca hacia el Pacífico.
No hay paz, hay terror
Johana Muñoz y su pequeña hija de 6 años esquivaron la muerte por una cuestión de tiempo: minutos para solucionar en la cocina un manchón de café en el uniforme de colegio de la menor después del desayuno; segundos para evitar cruzar la puerta y ver el sol de las 7:10 de la mañana y milésimas para refugiarse debajo del mesón cuando el techo y paredes de su casa se les vinieron encima tras el carro bomba que la disidencia Jaime Martínez hizo estallar justo al lado de la estación de Timba el miércoles pasado.
El artefacto perjudicó parte de la estación, pero causó daños severos en cuatro casas y dos talleres de motos. Una de las viviendas que quedó destruida fue la de Johana que siempre suele salir a las 7:10 en su moto para tener 20 minutos de camino hasta el colegio de su hija. El miércoles no lograron salir a tiempo y su vida se definió en esos segundos de demora. La profesora Estela Balanta sí salió a tiempo. A esa hora acostumbraba a pasar con su moto roja camino al único colegio de la zona.
El impacto del carro bomba la tomó de lleno y su cuerpo quedó sin signos vitales en la carretera. Otros dos jovencitos también murieron y cinco personas quedaron heridas. Johana se salvó por muy poco, pero su casa quedó destruida, el negocio de motos con el que sostenía a su familia, hecho cenizas. “Lo perdimos todo por una guerra absurda que solo afecta a los civiles, ¿qué culpa tenemos nosotros?”, le dijo a SEMANA.
Dos días después, las Farc reconocieron en un comunicado que fue un error. Sin embargo, detonaron otro carro bomba en Potrerito, zona rural de Jamundí, muy cerca de Timba, donde destruyeron un colegio y dejaron con lesiones leves a diez personas. “Reconocemos como error la imprecisión en esta acción militar en la que resultaron dos civiles muertos y cinco heridos, nos solidarizamos con sus familiares y amigos, sabemos que las heridas de guerra son difíciles de sanar por mucho que digamos o hagamos. En esta responsabilidad compartida debemos honrar la memoria del señor Ardany Álvarez y la profesora Luz Estela Balanta”, señala el comunicado.
Ante estos hechos, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló tras un consejo de seguridad: “Estos grupos han recurrido a acciones que los identifican con esas prácticas narcoterroristas que conocimos en el pasado y que van dirigidas sin duda contra la población, como ocurrió recientemente en el Cauca, pues no pudieron dejar el carro donde necesitaban y sin pensar en la comunidad lo activaron”.
Así mismo expresó su solidaridad con las familias afectadas. “Tenemos conocimiento directo de la situación que afrontan, por eso estamos en una articulación con las autoridades departamentales y municipales, con el fin de que el Gobierno nacional contribuya con todas sus capacidades para que esta situación tenga una pronta solución”.
“Nos acostamos pensando en paz y nos levantan a bombazos”
El director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, Gerardo Arroyo, resume la situación de su departamento así: “Es frustrante que los caucanos nos acostemos pensando en la paz y nos levanten con bombazos que acaban con la vida, aterrorizan la comunidad y destruyen el sector productivo”.
Dice, además, que pese a todo lo ocurrido, nadie lo escucha. “Hemos venido haciendo un llamado al Gobierno nacional, gritando SOS por la crisis del Cauca, pero seguimos sin ser escuchados. El Gobierno viene y se reúne con los que destruyen, con los que bloquean, pero con las víctimas que también son los empresarios, con nosotros no se reúne, que mal mensaje del Gobierno, porque pareciera que la anarquía es lo único que despierta su interés”.
Y es que, a su juicio, toda esta situación de orden público ha perjudicado considerablemente al sector productivo y comercial. Las extorsiones y la zozobra de ataques constantes a trabajadores de ingenios, así como la invasión de tierra, generan una incertidumbre empresarial fuerte. Uno de los empresarios del sector ganadero, que accedió a hablar con SEMANA, relató que a mediados del año anterior fueron citados por la disidencia Dagoberto Ramos a un lugar llamado Dosquebradas, en el norte del departamento.
Allí, en medio del monte, un emisario de ese grupo criminal les explicó la nueva dinámica extorsiva: “Nos pasaron una lista con los precios establecidos, a algunos se les cobraba 5 millones de pesos y a otros, 15. En un tono cordial, pero amenazante, nos dejaron claro que quien no pagara tenía dos caminos, irse o morir”, cuenta el ganadero.
Violencia política
Por segundo periodo electoral consecutivo, las disidencias de las Farc siguen marcando el derrotero en muchos municipios del Cauca. En las pasadas contiendas, la columna Jaime Martínez asesinó salvajemente a la candidata a la Alcaldía de Suárez Karina García, a su madre y seis personas más en zona rural de ese municipio. En esta ocasión, las víctimas son más.
El concejal de Guachené, William Fory, fue asesinado la semana pasada en zona rural de ese municipio. El político aspiraba a reelegirse este 29 de octubre. Días antes, la candidata a la Alcaldía de Piamonte, Cauca, Alexandra Cuéllar, fue atacada a disparos por hombres fuertemente armados que ingresaron a su vivienda. La mujer fue trasladada en estado de gravedad a un centro asistencial de Mocoa, Putumayo. La candidata ya había sido alcaldesa de ese municipio, y en esta oportunidad está en la contienda electoral por el Partido Colombia Renaciente.
Las historias del horror que se vive en el Cauca podrían copar todas las páginas de esta revista. La violencia se ha tomado todo el departamento ante la mirada desconsolada de quienes son víctimas: Jhon, Johana, Gerardo, William y Alexandra son solo apenas rostros de una realidad que golpea a todos los sectores sociales. Este departamento no aguanta un hecho terrorista más. Las lágrimas no alcanzan para tanta maldad.