Alrededor de ocho horas estuvo obstruida la vía Panamericana entre Bugalagrande y Tuluá (Valle del Cauca), este jueves 13 de julio; sin embargo, las comunidades afro levantaron el bloqueo sobre las 2:00 p. m. anunciando que llegaron a un acuerdo con el Gobierno nacional.
Uno de los líderes indicó que aceptaron participar en una mesa con el Gobierno para hablar de consultas previas y otros temas; uno de los más importantes es que piden garantías en la protección a las comunidades.
“Queremos informarle a la opinión pública, a los medios de comunicación, que gracias a la gestión del señor alcalde Julio Rojas; a la secretaria de Asuntos Étnicos de nuestro departamento del Valle del Cauca, la doctora Omaira Barona, y al personero municipal de Bugalagrande, hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno nacional y es de levantar nuestra protesta pacífica”, dijo inicialmente el vocero de la manifestación.
Asimismo, aseguró que el 21, 22 y 23 de julio se desarrollará una mesa con 180 autoridades étnicas del Valle.
“Esperamos que en el desarrollo de esta mesa amplia se cumplan estos acuerdos que hemos firmado durante todos estos meses, desde noviembre de 2022 a la fecha. Queremos expresar a toda la comunidad agradecimiento por el apoyo; a los que les causamos inconvenientes, también decirles que se pongan en nuestros zapatos como miembros de comunidades negras que hemos sufrido una vulneración de derechos, no solamente por parte del Gobierno nacional, sino de entidades del orden privado de nuestro departamento y de nuestro país”, sostuvo.
Cabe recordar que a mediados del mes pasado, la vía de acceso y salida de Buenaventura (Valle del Cauca), también se vio afectada, a la altura del sector conocido como El Gallinero.
Varias decenas de manifestantes se aglomeraron en el kilómetro 16 de la vía Buenaventura-Buga para impedir el paso hacia el distrito portuario.
El bloqueo fue adelantado por docentes y miembros del sector educativo no oficial, es decir, privado, por una serie de inconformidades con la Secretaría de Educación de Buenaventura.
Marlon Posso, secretario de Educación del distrito portuario, habló con SEMANA sobre los reclamos de los manifestantes que bloquearon la vía.
“Reclamaron que se les contrate para la prestación del servicio de ampliación de cobertura (estudiantil) pese a que Buenaventura no tiene la matrícula suficiente para ampliar cobertura y pese a que el mismo Ministerio nos reitera esa insuficiencia porque tenemos maestros sin carga en el sector oficial, pues la capacidad instalada no está llena”, explicó.
De acuerdo con el funcionario, no es viable darles solución a las demandas de los manifestantes. Además, señaló que desde noviembre de 2022 fueron advertidos sobre la situación para que no abrieran matrículas con base en la ampliación de cobertura.
“Si entramos a contratar el servicio de las instituciones no oficiales, estaríamos incurriendo en un delito, porque los estudios de insuficiencia nos dicen que no podemos contratar por 18 meses, y porque no hemos llegado al tope de la matrícula que nos pone el Ministerio, que son 50.000 estudiantes, de los cuales hay matriculados más de 43.000″, añadió Posso.
Los bloqueos en la vía a Buga-Buenaventura, por diversos reclamos de las comunidades, se han vuelto una constante. Esta situación ha despertado la intranquilidad de diversos sectores debido a que su puerto mueve buena parte de la economía de la región.
En ese sentido, el Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca ha hecho una serie de llamados al Gobierno nacional: “Desde el sector empresarial y gremial manifestamos nuestra preocupación ante el incremento del uso de las vías de hecho y los bloqueos en el tramo Loboguerrero-Buenaventura, como mecanismo de presión ante el Gobierno nacional por las diferentes solicitudes y reclamaciones de la comunidad”.
“Solicitamos al Gobierno nacional, en especial al Ministerio del Interior, que actúe de manera preventiva y oportuna ante las solicitudes, reclamaciones y llamados de las diferentes comunidades, que se dé respuesta efectiva y responsable a estas peticiones y que se haga un debido seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos con la población. Asimismo, hacemos un llamado a todas las partes involucradas a priorizar el bienestar general y buscar soluciones que permitan conciliar los intereses legítimos de la comunidad con la necesidad de garantizar la libre circulación y el desarrollo económico de la región”, añade el Comité.