Verdaderos momentos de tensión se vivieron este miércoles 26 de abril en el edificio de la Gobernación del Chocó, cuando comunidades indígenas cerraron por la fuerza las instalaciones.
“Representantes de los prestadores de servicios de educación de las comunidades indígenas, pese a haber llegado a acuerdos previos entre ellos y la administración departamental, de forma arbitraria y abusando del derecho a la protesta, procedieron a tomarse las instalaciones de la Gobernación del Chocó, obstaculizando así la libre movilidad de funcionarios y usuarios, y poniendo en riesgo su seguridad”, denunció la propia Gobernación del Chocó en sus redes sociales.
Las comunidades indígenas decidieron cerrar el edificio para exigir pagos a los operadores de los servicios educativos, lo cual, según la Gobernación de este departamento, va “en contravía de los acuerdos pactados el 20 de abril de este año”.
En ese sentido, exigieron al movimiento indígena respetar los acuerdos y rechazaron el cierre abrupto del edificio. “Las vías de hecho no son la solución para la administración, siempre dispuesta al diálogo como la mejor forma de solucionar los conflictos”, añadió.
La gobernadora encargada del Chocó, Farlín Perea, en conversación con SEMANA, explicó lo ocurrido: “El Ministerio de Educación tiene que hacer unas transferencias a la Gobernación en lo concerniente a la canasta educativa de la población indígena. Ellos estaban a la espera de estas transferencias para el día 20 de abril, pero no las habían hecho. Alcanzaron a amenazar con cerrar vías, pero establecimos una mesa de diálogo y realizamos las solicitudes correspondientes para que giraran los recursos y cumplirles.
Esas transferencias quedaron pactadas por el Ministerio de Educación para el 27 de abril, pero los recursos llegaron hoy. Los indígenas se dieron cuenta y recibieron una información errada que decía que no les íbamos a pagar, pero nosotros inmediatamente empezamos a pagarles”.
Tras dialogar con los indígenas y explicarles que el pago sí se haría efectivo, los accesos al edificio fueron habilitados de nuevo.
La Gobernación del Chocó no dio cuenta de heridos u otros desmanes durante la protesta de las comunidades indígenas.
Investigan a funcionarios
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Gobernación del Chocó por el presunto uso de ayudas humanitarias para fines personales, en detrimento de los destinatarios originales de las mismas: personas vulnerables y afectados por calamidades naturales.
La Regional de Instrucción de Chocó tuvo acceso a material clave, en este caso un video en el que se ve a un ciudadano, posiblemente del área jurídica, recogiendo varios bultos de mercado y depositándolos en su vehículo, hecho por el que tendrá que rendir testimonio y que será evaluado junto a otras pruebas que fueron solicitadas por el Ministerio Público.
De acuerdo con la información recopilada por el órgano de control proveniente de medios de comunicación regionales, la gobernadora del departamento, Farlín Perea, “desconocía que desde que los elementos llegaron a la región, al parecer, se han presentado retiros significativos por parte de servidores que en sus motos y carros particulares se los llevaron para su uso personal”.
La actuación disciplinaria que inició la entidad busca identificar e individualizar al presunto responsable, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si lo hizo o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.