El concejal de Cali, Juan Martín Bravo, hizo una contundente denuncia este martes, al asegurar que la capital del Valle tiene más de 263 bienes de interés cultural, pero la mayoría se estarían cayendo.

“Un ejemplo, la Ermita, la Casa Jorge Isaac, las bodegas del ferrocarril, el Molino de Roncallo, entre otros bienes. Y hoy tenemos que buscar un mecanismo para cuidarlos, por eso como concejal radiqué una acción de cumplimiento para que se ejecute lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), artículo 111. Además, para que se reglamente un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP)”, indicó Bravo.

Con ello, el concejal espera que se garantice y reglamente el artículo 140 del POT, que, según él, generará más recursos.

“Sostener el patrimonio público es muy costoso y urge encontrar una solución definitiva a estos bienes que cada día se siguen cayendo. No puede ser posible que hoy de 263, de interés cultural. Urge que se haga más por el patrimonio público, que se adopten más PEMP, para garantizarles así la sostenibilidad”, señaló el concejal caleño.

Al momento, según Martín, han atendido cuatro PEMP, en ocho años, entre ellos están: el sector urbano del centro de Cali, Casa Hacienda Piedra Grande, la Hacienda Cañasgordas y la Plaza de Toros.

“Esta situación tampoco ha permitido sacar provecho de los inmuebles de interés cultural (BIC) para que se presenten proyectos económicos en torno a estos y que generen un ingreso para su autosostenibilidad y para la ciudad”, puntualizó el concejal Bravo.

Las irregularidades que enredan a uno de los operadores del PAE en Cali

Por otra parte, Juan Martín Bravo denunció el pasado lunes 3 de mayo que uno de los operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la capital del Valle presenta serias irregularidades que pueden poner en peligro las raciones alimentarias de los más de 160.000 niños y niñas beneficiados.

“Se trata del consorcio Luz del Valle, que ya recibió en marzo una multa sucesiva por atraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Su representante legal, el señor Joseph Solís Mosquera, tiene nueve denuncias ante la Fiscalía por delitos como estafa, falsedad material en documento público y emisión y transferencia ilegal de cheque”, señaló el concejal en un comunicado de prensa.

De igual manera, añadió que Solís Mosquera registra una demanda, desde el año 2019, por no pagar una letra de cambio cuyo valor sobrepasa los 160 millones de pesos. También tuvo cuatro procesos ejecutivos ante la Rama Judicial Unificada, en calidad de demandado, por incumplimiento en el pago de grandes sumas de dinero.

“No es la primera vez que esta persona opera el PAE en Cali. En el año 2020 lo hizo a través del consorcio Sin Fronteras, cuyas manipuladoras denunciaron incumplimientos de pago y mala calidad en el servicio; en el año 2021 lo hizo como representante del consorcio Alimentando Cali, que presentó incumplimientos y tuvo demandas por no pagarles a los acreedores”, sostiene el concejal.

Para Martín Bravo, se trata de una actuación reiterada. “Ya está perfilado un modus operandi. Cada que el contratista tiene alguna irregularidad, cambia de razón social y se vuelve a ganar la licitación. Es increíble que alguien que tenga denuncias en la Fiscalía por incumplimientos no sea sancionado por los entes de control y siga siendo elegido para algo tan importante como el PAE”.