La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes que demostraron la existencia de un entramado de corrupción en el municipio de Silvia, en el departamento de Cauca, durante la alcaldía de Gabriel Eduardo Pillimue Potosí en 2008.
De acuerdo con las pruebas presentadas, los fondos excedentes destinados a la salud fueron malversados y utilizados para operaciones en el mercado bursátil. Por eso, un juez penal de conocimiento dictó una condena contra el exalcalde Pillimue Potosí, quien fue sentenciado a ocho años y seis meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Asimismo, el extesorero Kevin Amilkar Calambás y los particulares Héctor Jairo Bonilla López y José Fernando Naranjo Zambrano fueron condenados a seis años de prisión por el delito de peculado por apropiación.
Según la investigación llevada a cabo por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en febrero de 2008, el entonces alcalde y tesorero de Silvia entregaron 1.500 millones de pesos a José Fernando Naranjo Zambrano, asesor comercial de la firma privada Probolsa S. A., cuyo gerente era Héctor Jairo Bonilla López.
En consecuencia, la administración municipal confió recursos públicos a esta empresa con el fin de que fueran invertidos en Títulos de Tesorería (TES) del Banco de la República. Esta transacción fue respaldada por una “nota estructurada” que estipulaba que la Alcaldía de Silvia recibiría 73 millones de pesos en intereses después de seis meses.
La investigación reveló que los exfuncionarios no llevaron a cabo estudios previos que respaldaran la necesidad y conveniencia de realizar la inversión en TES. Además, se descubrió que la empresa privada encargada de administrar los 1.500 millones de pesos no estaba autorizada para ejercer funciones bancarias, de corredora de valores ni estaba registrada en las bolsas de valores, lo que significa que no podía captar dinero.
Adicionalmente, se determinó que los intereses generados por la operación superaron los 500 millones de pesos. Sin embargo, la administración municipal solo recibió los 73 millones de pesos acordados de manera irregular, lo que resultó en un detrimento patrimonial de 474 millones de pesos.
La sentencia impuesta a los implicados incluye multas de 488 millones de pesos para el exalcalde Pillimue Potosí y de 474 millones de pesos para los demás condenados. Además, se estableció que la pena deberá ser cumplida en un centro penitenciario una vez que la sentencia sea firme.
Es importante destacar que esta decisión es de primera instancia y que los involucrados podrán apelar la sentencia ante las instancias correspondientes de acuerdo con lo establecido por la ley.
Procuraduría investiga a alcalde por presunto detrimento
Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el alcalde Carlos Mario Calderón de San Diego, en el departamento de Cesar, por presuntas irregularidades en un convenio con la Empresa Aseo Caribe Colombia para la vigencia 2021.
El Ministerio Público conoció de la existencia de un convenio suscrito por el investigado con el objeto de fortalecer el servicio público de aseo mediante las transferencias de subsidios del fondo de solidaridad y redistribución del ingreso para usurarios de estratos 1 a 3 en el municipio.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría, al parecer, dicho convenio, firmado exclusivamente para el 2021, también realizó pagos por medio de resoluciones para la vigencia 2022, por tanto, el órgano de control indaga las presuntas facturas por parte del operador por aproximadamente $ 46 millones.
De esta manera, la Procuraduría busca verificar, a través de la solicitud de diversas pruebas, el presunto pago irregular de un número mayor de subsidios y, así, verificar la existencia de un posible detrimento patrimonial.