La Contraloría General de Santiago de Cali terminó la auditoría financiera y de gestión a la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, vigencia 2023, evidenciando un posible detrimento patrimonial que supera los 4.900 millones de pesos, fruto de una gestión ineficaz e ineficiente de la Administración Pública.
La auditoría identificó deterioro en la infraestructura física y hospitalaria de la E.S.E que genera riesgo para la salud y la seguridad de los adultos mayores; en este mismo sentido, no se respetan las normas sanitarias para la conservación, el almacenamiento y manejo los alimentos ofrecidos a este grupo de personas.
De igual manera, este ente de control evidenció que la inversión realizada para compras y contratación del personal que atiende a los adultos mayores es realizada de manera irregular, desconociendo las normas que rigen a las Empresas Sociales del Estado.
Este ejercicio fiscalizador arrojó 25 hallazgos administrativos, 16 con presunta naturaleza disciplinaria y 9 fiscales que suman un detrimento de $ 4.997.753.561; además de un hallazgo con presunta incidencia penal y una solicitud de inicio de proceso sancionatorio por poner barreras de acceso a la información de la comisión auditora.
El contralor Pedro Antonio Ordóñez hizo un llamado a las autoridades competentes: Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación para que hagan presencia y brinden la protección que hoy exigen los adultos mayores por la constante violación a sus derechos humanos.
También en Emcali...
Los hallazgos de presuntas irregularidades en Emcali, durante la administración del exalcalde Jorge Iván Ospina, no paran y cada vez son más alarmantes. SEMANA conoció que la Contraloría de Cali encontró un posible detrimento patrimonial en esa compañía que supera los 43 mil millones de pesos durante la vigencia 2023.
La investigación fue adelantada por el contralor de Cali, Pedro Antonio Ordónez, quien habló en exclusiva con SEMANA. “Hemos cerrado un ejercicio de control fiscal y encontramos 15 hallazgos administrativos, todos con incidencia disciplinaria, otro con incidencia penal, y siete de ellos los calificamos con un detrimento patrimonial por más de 43 mil millones de pesos”.
Este proceso incluyó la revisión de los procedimientos administrativos y legales relacionados con la gestión de cartera, cobro coactivo, y la recuperación de deudas. Se aplicaron pruebas de auditoría detalladas para evaluar el cumplimiento de la normativa vigente y se examinaron los controles internos y los riesgos asociados para determinar la eficacia y eficiencia de los procesos y procedimientos empleados en la recuperación y recaudo de la cartera.