Fueron cinco los funcionarios de la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Cali los que resultaron capturados por cuenta de una investigación de la Fiscalía y que reveló un entramado de corrupción para borrar comparendos a conductores infractores. También fue capturada una mujer propietaria de una oficina de trámites de tránsito.
Lo que advierte la Fiscalía es que estas personas son señaladas de articularse y poner en marcha distintas maniobras para que no fueran cobradas 516 multas de tránsito a 336 ciudadanos, entre 2019 y 2022. En algunos casos, los funcionarios habrían emitido resoluciones revocatorias sin sustento alguno. Al parecer, a cambio recibieron 103 millones de pesos.
“Los presuntos involucrados son cinco servidores de la Secretaría de Movilidad de la ciudad, identificados como Andrés Quimbayo Rojas, Juan Carlos Peña Rico, Rubén Darío Martínez Hernández, Jesús Antonio Chica Hincapié y Larry Tovar Ortega; y Sandra Liliana Castañeda Reyes, propietaria de un establecimiento de comercio”, señaló la Fiscalía.
Los agentes Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lograron recaudar los elementos de prueba a los que se suman algunas denuncias de conductores que fueron abordados por particulares que ofrecían la posibilidad de borrar los comparendos de los sistemas de movilidad en Cali, esa posibilidad tenía un valor, el pago de sobornos.
“La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y cohecho propio”, explicó la Fiscalía tras la captura de los funcionarios.
Ante jueces de control de garantías, los funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali y la propietaria de la oficina de tránsito, fueron presentados para imputar cargos. A partir de los elementos de prueba expuestos en la audiencia y que además sirvieron para soportar una solicitud de medida de aseguramiento, el fiscal advirtió que todos representan un peligro para la sociedad.
“La Fiscalía General de la Nación recopiló elementos de prueba y evidencia física que dan cuenta de la existencia de un entramado de corrupción conformado por funcionarios y particulares, que exoneraba del pago de comparendos a varios infractores de normas de tránsito en Cali (Valle del Cauca)”, señaló el ente acusador.
Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad, a pesar de los elementos de prueba que fueron presentados por la Fiscalía, la medida de aseguramiento que impuso el juez de control de garantías es en centro carcelario, todos tendrán que enfrentar su proceso en la cárcel.