La Defensoría del Pueblo llevó a cabo una jornada de verificación de derechos en el Centro Penitenciario de Media y Alta Seguridad de Jamundí, Valle del Cauca, donde se encuentran 1.013 mujeres y personas LGBTIQ+ privadas de la libertad. Durante esta visita de cuatro días, de acuerdo con la entidad, se evidenciaron graves problemas y se brindó atención especial.
Las delegadas para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, la Política Criminal y Penitenciaria, y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas encontraron deficiencias en el suministro de agua, ya que solo llega una vez al día y el agua suministrada es turbia. Además, evidenciaron que un alto porcentaje de las instalaciones sanitarias están en mal estado, lo que genera malos olores y vertimiento inadecuado de desechos orgánicos.
El acceso a la salud, según la Defensoría regional, también es deficiente debido a la falta de personal para acompañar los traslados. De acuerdo con el reporte emitido tras la visita, las funcionarias detectaron insuficiencia de medicamentos para los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas, la falta de valoraciones médicas y la demora en la realización de cirugías, incluso algunas mujeres han estado esperando más de un año para someterse a procedimientos.
Otra problemática identificada está relacionada con los alimentos, donde “se encontró que las raciones son insuficientes y se proporcionan alimentos crudos. Las mujeres privadas de la libertad también se quejan del cambio en el menú establecido”.
La Defensoría del Pueblo considera que es imprescindible tomar medidas prioritarias para “garantizar el pleno goce de los derechos de estas mujeres y personas LGTBI privadas de la libertad, ya que se evidencia una grave violación de derechos en este lugar”.
Durante los cuatro días, la entidad logró brindar atención médica en medicina general, odontología, muestras de laboratorio y entrega de medicamentos a 486 mujeres privadas de la libertad que requieren tratamientos crónicos. Además, 540 mujeres recibieron atención psicosocial.
El equipo de la Defensoría del Pueblo también atendió y tramitó 107 quejas relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos.
Defensoría sobre extranjeros presos en Bogotá
Por otra parte, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional inspeccionaron las estaciones de Policía de las localidades de Engativá, Puente Aranda y La Candelaria, para evaluar las condiciones y garantías de los derechos de las personas privadas de la libertad.
Durante la visita, la Delegada para la Política Criminal Penitenciaria, la Regional Bogotá y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, encontraron que las personas detenidas de origen extranjero “no tienen una ruta clara para su identificación, lo que impide que se garanticen sus derechos”. Es decir, en varios casos se dificulta la correcta identificación de los detenidos, por no portar papeles o no suministrarlos, y se complica el proceso de judicialización por los delitos por los que están retenidos y señalados. Ante esto, la Defensoría solicitó que se establezca un mecanismo para su debida identificación.
Los funcionarios también observaron que los detenidos en la estación de La Candelaria se encontraban al aire libre, mientras que en Engativá fueron ubicados en el chut de basuras.
Esta es la segunda vez que la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo llevan a cabo una inspección a los Centros de Detención Transitoria de Bogotá para garantizar los derechos y el cumplimiento de la sentencia SU 122 de 2022, en la que se piden acciones urgentes ante el hacinamiento carcelario.
Por otra parte, el pasado lunes 17 de abril, durante una visita de la Defensoría del Pueblo a la estación de Policía en Kennedy, en el occidente de Bogotá, funcionarios evidenciaron “las difíciles condiciones de detención” en las que permanecen 130 personas privadas de la libertad, que permanecen hacinadas en una carpa improvisada con problemas de salubridad, siendo esposadas de a dos para evitar fugas.
La visita, realizada por la Regional Bogotá en compañía de la Secretaría de Salud Distrital, reveló que en total hay 331 detenidos, 201 de ellos en tres celdas. Además, en el recorrido que realizó la Defensoría también “se encontró que no existen los elementos sanitarios suficientes para el número de privados de la libertad y no se les ha realizado mantenimiento a estas áreas”.