La Dirección de Investigación Criminal y la Fiscalía detectó una supuesta red de tráfico de armas que habría utilizado las disidencias de las Farc para adquirir el material de guerra con el que aterroriza los departamentos de Huila y Cauca.
El hallazgo se dio en pleno centro de la ciudad de Neiva tras una investigación de 22 meses. Al parecer, los elementos se vendían por internet y luego llegaban a las manos de la columna móvil Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central.
En el expediente se lee que “se pudo comprobar que la comercialización del material bélico, generalmente, era coordinado vía telefónica y que, una vez contactados los compradores, les enviaban fotografías de las armas, municiones y explosivos”.
Se sospecha que en ese intercambio de mensajes se exponían las especificaciones técnicas, el estado de conservación y el precio. Eso habría quedado en evidencia tras interceptaciones telefónicas que están en poder del ente de acusación.
¿Quiénes estarían detrás del mercado?
La Policía Nacional contó que Rodolfo Quintero sería un comerciante independiente de la ciudad de Neiva y supuesto cerebro del negocio criminal. Presuntamente, él tendría seis cómplices con los que habría afianzado el temido mercado.
En la lista aparecen Eliseo Ninco, alias Cheo; Hernando Aguirre, alias Don Hernando; Rosebel Rivera, alias Chevel; Ariel García, alias Comando; Diego Muñoz, y Saul Guarnizo; cada uno tendrían un rol específico.
Cheo sería uno de los enlaces entre el outsoursing criminal y el grupo armado organizado. Él también se dedicaría a la venta de motocicletas hurtadas y a la distribución de estupefacientes en el departamento del Huila.
Alias Don Hernando, también capturado por ser supuesto integrante de la red, sería un experto en el ámbito de las armas de fuego, trabajaba como administrador y especialista en una armería ubicada en el centro de Neiva.
Ese lugar contaba con los permisos del Departamento de Control de Comercio de Armas Municiones y Explosivos, pero que el mismo Don Hernando, valiéndose de su cargo, habría violado la norma para beneficiar a los delincuentes.
“Allí, sin el conocimiento y consentimiento de sus propietarios, almacenaba material bélico ilegal; además, junto con alias Comando, realizaban modificaciones de armas traumáticas para convertirlas en armas letales”, reportó la institución.
Incluso, habrían llegado al punto de acondicionar una habitación de la armería como polígono o zona de prácticas de tiro improvisada, para verificar el estado y funcionamiento de las armas transformadas.
Las diligencias judiciales
En la redada contra la presunta red ilegal, se realizaron ocho allanamientos donde se encontraron ocho pistolas, siete escopetas, seis revólveres, un rifle, cerca de 877 cartuchos para pistola, 74 partes de armas y 22 proveedores de pistola.
También seis proveedores de fusil, seis cañones para fusil, seis cañones para escopeta, cuatro cañones para pistola, cinco miras telescópicas, un chaleco militar multipropósito, unas esposas metálicas y once USB con información digital.
“Las siete personas fueron presentadas en audiencia pública virtual ante un juez de control de garantías, quien dio legalidad a sus capturas y un discal les imputó cargos”, agregó la Dirección de Investigación Criminal.
Ellos deberán enfrentar los supuestos delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, ninguno de los indiciados aceptó las conductas.
El juzgado tomó la decisión de enviar a seis de ellos a un centro carcelario del departamento y a uno de ellos lo privó de la libertad en su residencia mientras avanza el proceso de investigación.