El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, hizo una grave denuncia durante el último consejo de seguridad en la ciudad: “De primera fuente conozco que sí hay presencia guerrillera en la ciudad, y eso es un motivo de alerta y preocupación que se lo expuse al alcalde Alejandro Eder”, dijo el funcionario.
Esto se conoce luego de los recientes eventos de inseguridad que han afectado a los habitantes de Cali en su zona urbana, donde grupos disidentes de las Farc y el ELN hacen presencia con pancartas y paquetes amenazantes en la vía pública. Por ejemplo, el pasado fin de semana, las autoridades desmontaron carteles de la columna Jaime Martínez y un cilindro sin explosivos.
Extraoficialmente, SEMANA conoció que estas estructuras criminales se están tratando de fortalecer en sectores del oriente y ladera de la ciudad, donde estaría llevando a cabo un plan de reclutamiento de jóvenes y adolescentes.
El personero expresó su preocupación ante la deficiente política aplicada para atender el posconflicto y el insuficiente esquema destinado a las víctimas, factores que han contribuido a fortalecer la presencia guerrillera en Cali.
“No podemos permitir que los violentos vuelvan a victimizar a la ciudad”, enfatizó Mendoza Castrillón, recordando eventos como el secuestro de La María, el secuestro y asesinato de los Diputados del Valle, y la retención de civiles en el kilómetro 18; también, hizo hincapié en la urgencia e importancia de tomar medidas de prevención contundentes y establecer mecanismos de choque para disuadir a estos grupos insurgentes, y señaló que el cese al fuego pactado, ha fortalecido y visibilizado las acciones de estos grupos en la ciudad.
Ante estos hechos, la Personería Distrital de Santiago de Cali instó a la adopción inmediata de medidas preventivas eficaces para proteger a la población civil, y evitar que los grupos al margen de la ley continúen amenazando la seguridad y la tranquilidad de la ciudad.
Estas denuncias se sustentan, además, en el informe de SEMANA que revela el poder de las Farc de Iván Mordisco en Jamundi, área metropolitana de Cali, y a solo 15 minutos en carro de la capital del Valle, donde patrullan armados, uniformados y en motos de alto cilindraje, tienen retenes ilegales constantes, secuestran, asesinan, trafican cocaína, carnetizan a la población, exigen permisos de circulación y están acabando con la selva, generando una de las deforestaciones más grandes de los últimos años para construir una carretera que les permita conectar con el mar Pacífico y enviar cargamentos de droga.
Mordisco se dio el lujo de montar una república independiente que desafía al Estado democrático y amenaza con situar allí una dictadura sangrienta, en la que en menos de un año han asesinado a más de 50 personas, retenido a 360 ciudadanos y secuestrado a 71. La crítica situación llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir una alerta temprana debido a la “sistemática violación a los derechos humanos” en Jamundí.
En impactantes videos conocidos por SEMANA se ve a guerrilleros armados patrullando, con fusiles de asalto, increpando a la comunidad para sembrar el terror; también se les ve deteniendo ciclistas, a quienes se les exige documentación al día. Un panorama desolador que devuelve a Colombia al pasado, al mismo escenario de miedo, incertidumbre y dolor de hace tres décadas.
Lo sorprendente es que todo esto ocurre a 15,8 kilómetros del Cantón Militar Pichincha, uno de los más grandes e importantes del país. Los militares, maniatados por el cese al fuego y de operaciones contra esa estructura criminal, son solo siluetas en este coctel delictivo de uno de los cinco municipios más importantes del Valle del Cauca. Lo que ocurre aquí es la mejor muestra de debilidad del Gobierno, que se dejó ganar terreno de la criminalidad en diferentes zonas del país.