En la mañana del pasado sábado 4 de febrero se registró un doble crimen en Cali. Las víctimas son dos hombres que departían en la galería Santa Elena.
Hasta el lugar, ubicado en la comuna 10 de la capital del Valle, llegaron sujetos armados que iniciaron un tiroteo y le dispararon indiscriminadamente a las dos personas que tenían 35 y 38 años de edad.
Una de las víctimas habría salido corriendo, sin embargo, metros más adelante cayó producto de las heridas que le habían perpetrado con armada de fuego; mientras que la otra persona quedó tendida en el sitio.
Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, para realizar el respectivo levantamiento de los cuerpos.
Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Cali, se encuentra investigando el hecho.
Entretanto, las autoridades indicaron que tras los hechos violentos presentados en los últimos días en Cali, se invertirá cerca de $11.000 millones en cámaras de videovigilancia. El plan se compone de cámaras fijas, drones y el helicóptero Halcón que opera la Policía Metropolitana, tres elementos que operan de manera integrada e intercomunicada. Dicho rubro será para el mantenimiento y fortalecimiento de las cámaras que se instalan en puntos fijos y estratégicos de la ciudad.
Es de recordar que el total de cámaras de videovigilancia que actualmente están en funcionamiento es de 1.909, las cuales son monitoreadas desde el Centro Automático de Despacho en el Comando de la Policía Metropolitana y desde un sitio satélite ubicado en la comuna 22.
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet Rodríguez, la función de estos equipos tecnológicos es fundamental para obtener resultados en la lucha contra la criminalidad.
“Las cámaras nos permiten esclarecer diferentes hechos delictivos, el material que estas registran se convierte en elementos de prueba para trasladárselos a los fiscales o a los jueces de la República y poder judicializar de forma certera a las personas”, dijo.
También indicó que las cámaras apoyan la capacidad de disuasión, ya que los criminales que van a cometer delitos verifican si la zona está monitoreada o no. “Si lo está, estos pueden desistir porque saben que va a quedar registrado el acto que vayan a cometer, es decir, mientras más cámaras tengamos más capacidad de disuasión tenemos y más freno le podemos poner al delito”, aseguró.
Los equipos cuentan con un software de reconocimiento facial y de placas vehiculares que permiten a las autoridades ser eficientes en las labores de identificación y ubicación de personas buscadas por la justicia, como también en el esclarecimiento de hechos delictivos durante los procesos de investigación.
Respecto a la ubicación de estos elementos, el funcionario explicó que esta se determina con base en la información que brinda el Observatorio de Seguridad Distrital sobre zonas con mayor número de denuncias de hechos delictivos, pero también se consideran los requerimientos que hace directamente la comunidad.
“Nosotros prestamos atención a lo que la comunidad solicita y consideramos la información que nos brindan para determinar la ubicación de una cámara. La capacidad de prevención que estas tienen es muy importante y hay que ubicarlas donde haya amenaza de comisión de delitos”, reiteró Dranguet.
La Secretaría de Seguridad y Justicia presupuesta para la actual vigencia la instalación de 500 cámaras nuevas, así: 200 para reponer las que se han retirado por daño u obsolescencia, más 300 que serán ubicadas en la zona de expansión hacia el sur de la ciudad y en zonas de invasión en el oriente y ladera donde han aparecido algunos asentamientos subnormales que deben ser monitoreados por las situaciones contrarias a la convivencia y hechos delictivos de reciente ocurrencia que se han reportado.