La Personería Distrital de Santiago de Cali, en el marco de sus funciones constitucionales de vigilancia a la conducta oficial, suspendió provisionalmente por el término de tres meses a docente de básica primaria por presunto acceso carnal abusivo con menores de 14 años, adscrito a la Institución Educativa Álvaro Echeverry.
“De acuerdo con las investigaciones, se presume que el docente Luis Alfonso Estacio Cuello habría conducido a los menores, aprovechándose de su condición de autoridad, a los baños de la institución para llevar a cabo el presunto acceso carnal abusivo”, señaló la Personería a través de un comunicado.
Asimismo, de acuerdo con las víctimas, los amenazaba, motivo por el cual fue privado de la libertad recobrándola por vencimiento de términos. La investigación al día de hoy se encuentra en curso a la espera de fallo de la autoridad penal competente.
“Para este ente de control, la suspensión provisional del docente es procedente para evitar una posible reiteración de la conducta, en prevalencia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el cual es deber de todos”, manifestó la Personería Distrital.
De igual manera, la operadora disciplinaria de este caso, remitió copias a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial de la entidad, con el objetivo que se investigue disciplinariamente al Secretario de Educación del Distrito, por haber vinculado nuevamente al docente con funciones académicas en básica primaria, desconociendo la situación actual del funcionario público.
El investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre, y la medida de suspensión provisional cursará el trámite de consulta ante el Personero Distrital de Santiago de Cali.
En libertad, magistrado señalado de formar parte de red de pedofilia
En libertad quedó el magistrado de la Sala Civil de Familia del Tribunal de Barranquilla, Bernardo López, quien fue detenido en las últimas horas por presuntamente hacer parte de una red de pedofilia. Pese a la decisión, el magistrado seguirá vinculado al proceso por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y proxenetismo con menor de edad.
Silva fue denunciado, en mayo de 2020, por la madre de una menor de nueve años del municipio de Cartago, en el Valle del Cauca. La víctima habría sido accedida sexualmente en diferentes ocasiones y a su vez ofrecida a terceros a cambio de pagos o dádivas, por su padrastro John Francisco Grajales Silva, quien tenía una cercanía con varios funcionarios y empleados de la Rama Judicial, entre ellos el magistrado López.
Dos años después de la radicación de la denuncia, la Fiscalía reunió diferentes elementos materiales probatorios que permitieron inferir que el magistrado y dos personas habrían participado en estos actos, hecho por el cual solicitó la captura. Sin embargo, el jueves 27 de octubre se determinó que existieron errores en el procedimiento judicial, esto porque siendo magistrado cuenta con un fuero constitucional.
En este sentido, se señala que el juez de Buga no tenía la competencia para avalar la solicitud de la Fiscalía y ordenar la captura. Esto representó una vulneración al debido proceso para el togado.
En la determinación firmada por el fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema de Justicia se compulsaron copias para que se investigue penal y disciplinariamente al fiscal y el juez “presuntamente involucrados” en el irregular procedimiento de solicitud y obtención de custodia de captura del magistrado.
“Este delegado no desconoce los derechos fundamentales de la víctima y su protección constitucional aquí enfrentados al derecho fundamental de la libertad y el debido proceso del indiciado, propios de un Estado Social de Derecho; sin embargo, se impone dentro de un marco superior, priorizar en este caso la libertad, sin desconocer la gravedad de los hechos que seguirán siendo materia de investigación redireccionados de conformidad con las normas que oriental el rito del aforado constitucional”, aclara.
Por estos hechos se expidió la boleta libertad al comandante de la Estación de Policía del Valle. Igualmente, el magistrado firmó un compromiso para asistir y concurrir de manera cumplida a las citaciones que le haga la Fiscalía General “y demás autoridades judiciales competentes”. En el mismo documento se señala que deberá presentarse con un abogado de confianza a la audiencia que se celebrará en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para definir su situación.
Tras conocer la captura del magistrado López, la Comisión de Disciplina Judicial anunció que está evaluando si abre o no una investigación preliminar en contra del magistrado. El secretario judicial de la Comisión, Emiliano Rivera Bravo, remitió el caso “a fin de dar inicio a las investigaciones a las que haya lugar con ocasión a la presunta relevancia disciplinaria en estas actuaciones”.
En el caso de los dos civiles capturados, la Fiscalía General los presentó ante un juez de Control de Garantías y les imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y proxenetismo con menor de edad.