Las Fuerzas Militares alertan que las comunidades no están dejando que se cumpla con el despliegue militar en los territorios de cara a las elecciones regionales del próximo domingo, 29 de octubre, principalmente en el municipio de Argelia (Cauca).
De acuerdo con Helder Giraldo Bonilla, general del Ejército, por este motivo se desplazó este miércoles a la ciudad de Popayán para verificar el dispositivo de seguridad que se adelanta desde ya para que los ciudadanos participen en los comicios en completa tranquilidad.
Por medio de un comunicado que se difundió el pasado fin de semana, las disidencias de las Farc, al mando de ‘Iván Mordisco’, propusieron una serie de medidas para “garantizar” el normal transcurso de la jornada en varias regiones como el Cauca y el sur del país.
Según las autoridades, esas peticiones son una forma de instrumentalizar a la población civil, pues piden que las guardias campesinas cumplan un rol de veedores en las mesas de votación.
“(Que) las guardias campesinas y cimarronas, en coordinación con las instituciones, hagan el control y presencia en los puntos de votación”, se lee en la misiva.
Asimismo, se comprometen a que no habrá acciones terroristas que pongan en peligro la vida de la ciudadanía que saldrá a ejercer su derecho al voto.
En esa línea, pese al cese al fuego que fue decretado por el Gobierno nacional desde el pasado 17 de octubre hasta el 15 de enero de 2024, las autoridades han precisado que las zonas críticas son seis corregimientos de Argelia, Cauca, principalmente El Plateado, donde el Ejército no ha podido tomar su lugar con el fin de evitar un enfrentamiento armado con el grupo al margen de la ley.
Incluso, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter), sobre esta situación: “Es absurdo que la tropa no pueda ingresar a seis corregimientos de Argelia en el Cauca. Según las fuentes militares no pueden actuar porque los terroristas están entre la población civil. ¿Qué clase de seguridad es esta?”, se preguntó.
Otra de las señales de una posible instrumentalización se debe a que en algunos departamentos las Fuerzas Militares no han podido cumplir con sus labores porque las comunidades no lo permiten. Según la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en Antioquia y Guaviare se registró una asonada por parte de las poblaciones, que retuvieron, insultaron y robaron a los militares.
Por lo anterior, las Fuerzas Militares advierten que hay una clara muestra de que las disidencias Farc están instrumentalizando a civiles.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, rechazó los hechos ocurridos en Briceño y pidió dar con los responsables: “Graves delitos cometieron quienes atentaron contra nuestro Ejército en Briceño:️ terrorismo, hurto, injuria por vías de hecho, asonada, violencia contra servidor público, obstrucción a la función pública y lesiones personales. ¡Vamos a dar con los responsables!”.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, informó que “frente a los hechos presentados este fin de semana, de cara a la jornada electoral del próximo 29 de octubre, tenemos diseñado un plan de acompañamiento a nivel nacional a través nuestras 42 regionales. Para el caso del Guaviare, redoblaremos nuestra presencia institucional para garantizar el derecho a elegir y ser elegido de la población en esta zona del país”.
“No puede haber espacios vedados para la Fuerza Pública. Hago un llamado a respetar la labor de la institucionalidad del Estado, ya que se requiere su presencia para garantizar los derechos de todos los ciudadanos de cara al proceso electoral del próximo domingo”, recalcó Camargo.
Mientras que la procuradora Margarita Cabello envió un contundente mensaje acerca de la firma del cese al fuego entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, reconocidas ahora como Farc-EP. Advierte que no se debe cantar victoria, pues la firma de este cese al fuego no se puede confundir con que se haya terminado la inseguridad en el país.
“No confundamos la firma de un cese al fuego con un grupo específico al margen de la ley, con los problemas de seguridad del proceso electoral. La inseguridad se ha incrementado y las autoridades competentes deben entregar soluciones claras a las alertas hechas por la Defensoría del Pueblo”, aseguró la jefa del Ministerio Público.
La procuradora recordó que, según los datos revelados en el informe sobre riesgo electoral por parte del defensor del Pueblo, son los candidatos a alcaldías los más afectados por la escalada violenta en el país.