Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Emilio José Tapia Aldana los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.
“El material de prueba da cuenta de que, en compañía de otras tres personas, habría gestionado la obtención de documentos con información falsa para soportar licitaciones ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en 2021″, indicó la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado.
En la investigación se conoció que Tapia Aldana, al parecer, controló un conglomerado de empresas que se presentó a dos procesos contractuales relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones y 2.414 millones, respectivamente.
La Fiscalía también detalló que uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30 % del valor de cada uno de los contratos.
“Esta obligación, presuntamente, no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido falsificados dos documentos denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali”, señaló Eduar Alirio Calderón Muñoz, director especializado contra la corrupción.
Con esta maniobra ilegal, al parecer, se hizo incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación, quienes permitieron al conglomerado de Emilio Tapia perfeccionar la oferta y dieron aval administrativo para que se quedara con los respectivos contratos.
Actualmente, Emilio José Tapia Aldana permanece privado de la libertad en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, como parte del proceso que se sigue en su contra por la posible participación en un entramado de corrupción denominado Centros Poblados, en el que se apropiaron recursos de un contrato que tenía como propósito la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
El contratista fue llamado a juicio por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Esto por falsificar las pólizas del Banco Itaú que fueron presentadas ante el Ministerio de las TIC para recibir el Contrato 1043 de 2020 que tenía un valor de 2,1 billones de pesos.
Cuando estalló el escándalo, el contratista habría intentado ejercer presiones al encargado de falsificar las actas con el fin que aceptara su responsabilidad individual.
Recientemente, la Fiscalía le imputó delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Esto por el mal uso del anticipo de los 70 mil millones de pesos que recibieron los representantes de la Unión Temporal para que compraran equipos.
Este dinero habría sido utilizado por el empresario para el pago de deudas, compra de obras de arte, entre otros lujos.
Por este caso, el pasado 27 de septiembre, fue condenado a cuatro años de cárcel y el reintegro de 187 millones de pesos, Jorge Enrique López Benavides, señalado de haber falsificado la póliza del Banco Itaú, la cual fue clave en el proceso de licitación.
López Benavides, quien es presentado por la Fiscalía General como un particular, fue contactado directamente por los empresarios interesados (Emilio Tapia) en este proceso licitatorio para que -teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia- falsificara la póliza.
En la licitación, la Unión Temporal Centros Poblados (conformada por las empresas ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora) presentó, como soporte, pólizas de seguros emitidas por el Banco Itaú con el fin de darles soporte y respuesta a los riesgos del contrato.
Sin embargo, poco tiempo después, ante las demoras en la instalación de los centros virtuales, el Banco Itaú le informó al Ministerio de las TIC que “no había expedido ninguna de las pólizas”, situación que motivó a que se convocara una revocatoria del billonario contrato.