Cumpliendo con la instrucción que le entregó el presidente Gustavo Petro, el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, empezó a liderar una redada contra el crimen, en especial para afectar a la estructura La Inmaculada, que opera en el municipio de Tuluá.
El general anunció que van a impactar a esa localidad y a combatir el crimen. Destaca que son 200 hombres y mujeres los que harán parte de estas afectaciones, en especial La Inmaculada, comandada por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe.
“Vamos a llevar ante la justicia a los delincuentes, como alias Veneco, el cual vamos a capturar porque tenemos el personal capacitado y la inteligencia necesaria para ponerlo tras las rejas. También debemos afectar a Pipe, porque desde la cárcel sigue delinquiendo. Vamos a decirle a la comunidad que aquí estamos para protegerlos”, afirmó el uniformado.
Las intervenciones incluyen operativos en la cárcel de Tuluá, los cuales fueron ejecutados por la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (Unipol), en apoyo al Grupo CRIC, Comando de Reacción Inmediata, del Inpec.
Todas las acciones de los uniformados se centraron en un registro al patio n.° 5 de ese establecimiento. Entre los resultados obtenidos por las autoridades está la incautación de:
- 26 celulares
- 5 gramos de cocaína
- 349 gramos de marihuana
- 20 cargadores para celular
- 19 manos libres
- 8 armas corto punzantes
- 18 sim card
Estas acciones en Tuluá se dan como respuesta a la oleada violenta que se vive desde hace varios meses. En la zona se han ejecutado varios consejos de seguridad, pero se siguen registrando crímenes, amenazas y atentados.
Uno de los recientes hechos se registró en la calle 34 con carrera 31, donde un reconocido comerciante de carnes fue víctima de los delincuentes, quienes atentaron contra su integridad.
Se conoció que la víctima de este ataque fue identificada como Frank Duque Vanegas y fue atacada a tiros en su negocio. Por ahora, los hechos están siendo investigados por las autoridades para conocer sus causas y determinar si podrían estar relacionados con una extorsión, pues este delito viene afectando a la comunidad del municipio.
Otro hecho violento se presentó a inicios de septiembre, cuando fue detonado un artefacto explosivo en el centro de Tuluá, el cual generó pánico entre los comerciantes y transeúntes en la calle 25 con carrera 23, donde se encuentran ubicados los juzgados penales y tan solo a una cuadra de la Alcaldía del municipio.
“Este reprochable hecho por fortuna no dejó personas lesionadas. Expreso mi solidaridad con los hombres y mujeres que hacen parte de la rama judicial y le pido a las autoridades seguir trabajando unidas como lo vienen haciendo y así dar con los responsables de este hecho”, indicó John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de Tuluá.
Posteriormente, se pronunció el Tribunal Superior de Buga, indicando que, teniendo en cuenta la difícil situación de seguridad que atraviesan los jueces y empleados judiciales en Tuluá, debido a las recientes amenazas provenientes de grupos al margen de la ley, contenidas en panfletos del 28 de agosto y el 13 de septiembre de la presente anualidad, y la explosión en uno de los edificios donde funcionan los Juzgados, se tomó una desesperada determinación.
“Se tomó la decisión por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de permitir el trabajo en casa de los servidores judiciales de dicho municipio, para resguardar su seguridad y vida”, informaron por medio de un comunicado.
El oficio agregó: “Dadas las circunstancias narradas, pongo en su conocimiento la imposibilidad para esta Corporación de designar comisiones escrutadoras y claveros para las elecciones del 29 de octubre de 2023 en la referida municipalidad, pues ello implicaría poner en grave riesgo y peligro la vida e integridad de los funcionarios y empleados judiciales y dificultaría la realización del aludido escrutinio”.