La vicefiscal General, Martha Janeth Mancera, hizo una fuerte revelación tras detallar el atentado con carrobomba en el corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires (Cauca), registrado en la mañana de este miércoles. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la vicefiscal manifestó que en ese departamento existe “control total” por parte de las disidencias de las Farc y del ELN, lo que representa una falta de presencia del Estado.
“El Cauca es la situación más delicada que tenemos (...) Hay control total de las disidencias y el ELN”, aclaró Mancera al presentar un panorama sobre la forma en cómo están delinquiendo las organizaciones criminales en Colombia. “Tres hechos violentos hoy, zonas que hemos identificado quién las ordenó, cómo lo ordenó y cuál es su territorio, y sea de paso decirlo es de control total de las organizaciones de las disidencias”.
Esta acción criminal se suma a otros que enlutan a toda la Nación: “Un carrobomba explotó hace contadas horas al paso de unas personas y murió una profesora, una lideresa social, eso es en el departamento del Cauca. Tres hechos violentos, dos artefactos contra estaciones de policía”.
En su intervención, en medio de la audiencia convocada por la JEP para evaluar las medidas de protección para los excombatientes de las Farc firmantes del Acuerdo de Paz en el 2016, la Vicefiscal General hizo un fuerte llamado de atención por los vacíos en la presencia de la Fuerza Pública. “El departamento del Cauca es la situación más delicada que tenemos nosotros”.
En este sentido indicó que, pese a lo que han dicho varios representantes del Gobierno, en el país no se están presentando hechos aislados sino que las acciones criminales, que enlutan al país, están siendo ejecutadas por estructuras armadas criminales “que ordenan la muerte de la población civil, defensores de derechos humanos, líderes sociales, y firmantes del Acuerdo en las jurisdicciones más apartadas, como es la zona rural”.
“El desmantelamiento no es una apreciación subjetiva de la Fiscalía General de la Nación, es una apreciación probatoria de la que tenemos que hacerla valer en los eventuales juicios para que un juez de la República tome la decisión contra estructuras criminales y los comandantes y cabecillas que se encuentran allá y todavía sin captura”, agregó.
La Vicefiscal General presentó un grave panorama al indicar que la Fiscalía General se ha visto afectada para desarrollar sus funciones constitucionales. “No hemos podido lograr ingresar nuevamente a los territorios para hacer los actos urgentes” de investigación.
Para esto, puso como ejemplo lo ocurrido la semana pasada con el helicóptero que trasladaba a los integrantes de las comisiones de la Fiscalía y la Procuraduría General que iban a investigar los hechos registrados en la vereda Bocas de Manso, zona rural de Tierralta, Córdoba. “Ni qué decir de Tuluá donde son amenazados los jueces, fiscales y abogados. Estamos de zonas urbanas, no zonas rurales”.
Pese a que en esas zonas la situación ha sido compleja en los últimos meses todo ha empeorado puesto que ya se impide entrar a las regiones. “Los funcionarios deben bajar los cuerpos a las zonas urbanas, y ahí se pierden el 60 por ciento de los elementos materiales probatorios que permiten atribución conforme al Código Penal frente a los patrones de criminalidad traducidos en cabecillas que ordenan las muertes en los territorios”.
Con esto, se dificulta el esclarecimiento de los hechos y la articulación de los patrones de violencia que se presentan frente a estas acciones criminales y que aumentan la impunidad en las investigaciones por crímenes de excombatientes. “Tenemos 431 firmantes de paz que no se han hecho efectivas las órdenes de captura”.