La Gobernación del Valle anunció este lunes que ya trabajan en la búsqueda de alternativas para presentarle al Gobierno nacional para el pago de la deuda de las prestadoras que alcanza los dos billones de pesos.
El anuncio lo hizo la gobernadora Dilian Francisca Toro con un mensaje de tranquilidad para los más de 3 millones de afiliados en el Valle del Cauca a EPS en proceso de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud frente a la prestación de servicios sin interrupción, tras una reunión con representantes de instituciones públicas y privadas que hacen parte de la red de salud del departamento.
La mandataria precisó que “se analizan qué propuestas le haremos al Gobierno nacional para que las deudas que se tienen con las IPS privadas y públicas se puedan solucionar para que pueda haber un mayor flujo de recursos y de esa manera poder atender a todos los pacientes, para que les paguen porque a cada una se le deben unas cantidades muy grandes; hay una cosa muy importante, la mitad de los pacientes del Valle están en EPS intervenidas que dependen del flujo de recursos de la Superintendencia de Salud. A la red pública se le deben cerca de $980.000 millones y al sector privado según lo que hablamos sobrepasa el 1 billón”.
La propuesta, que es elaborada en conjunto entre Gobernación e instituciones de salud, incluye un trabajo con los jueces para que haya claridad al momento de responder las acciones jurídicas entabladas por los usuarios de la salud. “Explicarles que en este momento la responsabilidad para dar respuesta por la prestación de servicios de las EPS intervenidas no le corresponde ni a los hospitales públicos, ni a las clínicas privadas, sino que recae sobre la Superintendencia de Salud”, concluyó la mandataria.
La lupa de la Contraloría
SEMANA conoció el informe de 36 páginas de la Contraloría con los hallazgos más graves sobre la corrupción de dineros públicos y que tendría salpicadas a por los menos 18 Entidades Promotoras de Salud (EPS).
El documento reveló que más de nueve billones de pesos destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos se han desviado en actividades, bienes y servicios que no tienen nada que ver con la atención del servicio de salud a los pacientes.
El estudio se basó en los análisis financieros de 26 EPS y dejó hallazgos de posibles irregularidades en por lo menos 16 entidades, entre las que se encuentran la Asociación Indígena del Cauca, Aliansalud, Anaswayu, Asmetsalud, Capresoca, Coosalud, Dasaki, Ecoopsos, Emssanar, EPM, Famisanar, Mallamas, Nueva EPS, SaludMía, Saludtotal, Sanitas, SOS y Sura.
Entre los hallazgos más escandalosos que reportó la Contraloría en este informe fue el de la EPS Famisanar por casi 500 mil millones de pesos, que fueron destinados a arrendamiento, cancelación de crédito, duplicado de carnet y giro directo, entre otros conceptos.
Sobre la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno la semana pasada, el ente de control reportó posibles irregularidades por más de un billón de pesos en impuestos, giro directo y otras deudas.
Otra de las intervenidas por la Superintendencia de Salud en los últimos días fue la EPS Sanitas, en la cual, según la Contraloría, los hallazgos fiscales reportaron más de un billón 600 mil millones de pesos por conceptos de asesorías, comisiones financieras, deudores varios, mejoras en propiedad ajena y pérdidas en activos financieros.
En las otras 15 EPS registradas en este informe también aparecen otros conceptos como futura suscripción de acciones, gastos de representación, dividendos y participantes, deterioro de inversiones, litigios y demandas, registros mercantiles, entre otras actividades que no tendrían ninguna relación con la prestación del servicio de salud a los afiliados.