El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fue puesto contra las cuerdas. En un hecho gravísimo, la Contraloría General de la República ordenó el embargo de sus cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda y AV Villas, y de siete bienes inmuebles, varios garajes y un apartamento.
De igual manera, se congelaron otras 21 cuentas bancarias de los demás implicados en una presunta red de corrupción que estaría dedicada al saqueo de los recursos públicos en la capital vallecaucana.
A pesar de este escándalo por contratación, el mandatario de los caleños, aseguró que no va a renunciar a su cargo, así como lo han pedido desde diferentes sectores.
“Algunos hacen política de mala calidad, negándole propuestas al territorio por no tener ideas sobre como asumir esos temas; se van a la política de baja calidad, que es pedirle un alcalde que renuncie, circunstancia que, por supuesto, no haré”, sentenció.
Entretanto, la ciudadanía cuestiona cuándo se darán a conocer los resultados finales de las investigaciones, no solo las que involucran a la Alcaldía de Cali, sino también a Empresas Municipales de Cali (Emcali).
Según explicó a El País de Cali, Alexandra Cárdenas, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, las investigaciones preliminares tienen un tiempo de seis meses para recolectar las pruebas.
En ese sentido, a partir de la apertura del proceso, según Cárdenas, en dos o tres años se estarán dando decisiones finales.
“El tema de una suspensión es una de las facultades que puede tener el Contralor de la República, él determinará. La Fiscalía podrá adelantar las investigaciones pertinentes”, explicó.
Mientras tanto, el alcalde puede ejercer su derecho a la defensa en el debido proceso dentro de las investigaciones que se están adelantando.
Asimismo, la funcionaria dijo al diario caleño, que si se termina esta alcaldía y no se culminan los procesos de investigación, las personas implicadas tendrán antecedentes fiscales y deberán pagar por el detrimento que se establezca en el fallo de responsabilidad fiscal.
Cabe destacar que SEMANA y El País de Cali tienen en su poder los expedientes de la Contraloría que dan cuenta de las posibles irregularidades en contratos que rodean los 700.000 millones de pesos, pero que podrían llegar a un billón.
Por ahora, el detrimento superaría los 30.000 millones de pesos. Las autoridades se concentran en dos frentes de investigación: un contrato presuntamente irregular para las cámaras de seguridad y otro expediente que confirmaría un saqueo a la joya de la corona de la ciudad: Emcali. En este caso, en particular, la Contraloría General ordenó embargar otras 45 cuentas bancarias y 12 inmuebles tanto a contratistas como a exgerentes de Emcali.
En el primer caso, referente a las cámaras de seguridad, la Contraloría ordenó abrirle un proceso al alcalde Ospina por un millonario contrato de más de 5.000 millones de pesos, de los cuales 1.500 millones de pesos nunca se ejecutaron. En este, además, hubo una sospechosa e innecesaria intermediación en un convenio suscrito entre la imprenta departamental Impretics y la Unión Temporal Windetec para el mantenimiento preventivo y correctivo de más de 400 cámaras de vigilancia de la ciudad.
“Si es un fallo con responsabilidad fiscal, las medidas se seguirán adelantando en el proceso de cobro coactivo y se harán efectivas. En caso de que se demuestre que la persona no es responsable, simplemente se ordena el desembargo”, dijo la jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República.
Al respecto, el alcalde Ospina aseguró que vive momentos de dificultad por la congelación de sus cuentas y negó haber saqueado las arcas de la ciudad.
“Llevo mi semana de pasión teniendo mis cuentas embargadas por un proyecto que no he ejecutado ni me he robado el dinero, ellos bien lo saben, y que además se ejecutó a cabalidad, pero así son las cosas en lo público y hay que tomarlas con tranquilidad”, sostuvo.