Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, le respondió a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, luego del fallo que ordena dos días de arresto en su contra por, presuntamente, incumplir funciones delegadas.
La decisión se tomó, según dicho tribunal, “por la falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas, en el marco de las medidas cautelares de la JEP que buscan proteger zonas de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. La magistratura considera que su ausencia de cuidado pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del Acuerdo Final para la Paz”.
Frente a esto, la gobernadora señaló: “Como demócrata y respetuosa del Estado de derecho, respeto como corresponde el fallo de la JEP. Anuncio que interpondré un recurso de reconsideración ante la JEP, exponiendo nuestras razones y destacando que hemos cumplido con las exigencias de la ley y que, por supuesto, hemos demostrado ser respetuosos y plenamente solidarios con los derechos de las víctimas”.
En medio del pronunciamiento, recordó que integró el gabinete de la paz en el proceso con las Farc. “Cuando el país aún desconfiaba de la paz, yo misma impulsé que Coldeportes (hoy MinDeporte) fuera la primera entidad del Estado en llegar a las zonas veredales, yo estuve allí. Fui la creadora de las escuelas de formación para la paz que beneficiaron a unos 100.000 niños y niñas de todo el país, muchos de ellos víctimas del conflicto en los hoy municipios PDET”.
Y de igual manera manifestó: “Hice campaña con fuerza por el Sí en todo el Valle por la paz, y en esta Gobernación hemos emprendido numerosos procesos similares. De modo que aunque respeto el fallo de la JEP, nunca me he opuesto a la construcción de la paz o el respeto los derechos de las víctimas, cuando toda mi vida pública dice lo contrario. Finalmente, y no menos importante, los temas de paz han sido medulares, no solo en esta Gobernación, sino en toda mi vida pública y política”.
Según la JEP, “la Gobernación del Valle fue vinculada a este trámite mediante Auto 073 de 2023, en el cual se determinó, respecto a dicha entidad territorial, entre otras: ordenar a título de medida cautelar para la protección de los derechos a la verdad y garantías de satisfacción para las víctimas de desaparición forzada de las regiones del Alto Cauca y Eje Cafetero, a las gobernaciones de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, el desarrollo de planes integrales de atención a las víctimas de desaparición forzada orientados al logro de la memoria y la verdad, que incluyan apoyo y cooperación con el INMLCF, que le permita a este último superar las carencias relacionadas con locaciones, equipos e insumos que permitan avanzar con mayor celeridad en la identificación y entrega digna de los cuerpos víctimas del conflicto exhumadas en estos departamentos. Los destinatarios de esta orden deben presentar a la Sección, en un término máximo de treinta (30) días una propuesta inicial que contenga la forma, plazos y recursos con los que se cumpla esta orden, la que deberá ser ajustada en los treinta (30) días siguientes según lo disponga esta Sección de ser el caso”.
Según dicho tribunal, la gobernadora no cumplió y debe ir a prisión dos días. “En la lista de asistencia a la audiencia del 28 de noviembre se registró el señor Hernández Arias (William Hernández Arias, en su calidad de subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad del Departamento del Valle del Cauca), así como a varios funcionarios de la Gobernación del Valle. Sin embargo, el 29 de noviembre, fecha en la que correspondía la intervención de las gobernaciones, ni la mandataria ni su delegado comparecieron. En audiencia se hizo su llamado público, se otorgó un plazo de espera de dos horas para justificar su inasistencia o garantizar la llegada del delegado sin obtener respuesta alguna”.