El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 2422, el pasado 9 de diciembre, que permitirá la liberación de integrantes de la primera línea que están en las cárceles del país, señalados de cargos por delitos que habrían cometido en medio del paro.

El decreto estable la creación de una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Dapre.

Dicha comisión, entre sus funciones, tendrá que “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, según el decreto.

La comisión deberá expedir su propio reglamento y “definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.

Sin embargo, el tema ha generado polémica entre varias personalidades políticas, sobre todo en la ciudad de Cali donde se presentaron varios desmanes, al parecer, generados por miembros de la primera línea durante el llamado paro nacional en 2021.

Uno de ellos es el congresista Christian Garcés, quien manifestó: “el empoderamiento de Gustavo Petro a la primera línea demuestra que este es un gobierno del lado de la ilegalidad; dedicado a debilitar las instituciones y terminar con la división de poderes en Colombia”.

Asimismo, el vallecaucano Wilson Ruiz, exministro de justicia, expresó malestar por la decisión. “Soy un defensor de nuestro estado social de derecho y la Constitución garantiza el derecho a las manifestaciones públicas y a la libre asociación, por eso siempre tiene que haber garantías para la protesta pacífica y quienes participan en ella no deben ser objeto de persecución”, dijo Ruiz, para dejar claro que su planteamiento no va en contra de las legítimas manifestaciones de protesta.

Pero fue al fondo de la discusión, y es que las personas que efectivamente hacían parte de la primera línea y que se encuentran detenidas no lo están por protestar, sino que han sido debidamente imputadas con pruebas presentadas por la Fiscalía, y fueron los jueces los que ordenaron la reclusión.

“El año pasado se cometieron delitos como homicidios, torturas y secuestros, y los que incurrieron en esos ilícitos tienen que responder, como lo establece la ley. No se puede otorgar indultos a quienes cometen delitos graves, amparándose en la protesta social, porque se estaría transgrediendo el orden jurídico”, dijo Ruiz, quien fue el último ministro de Justicia de la era de Iván Duque como presidente de Colombia.

La posición de Ruiz, aclara, no es ajena a la búsqueda de la paz, incluso a la propuesta de paz total que ha planteado el mandatario Gustavo Petro, y cree en la vocación que quienes quieren trabajar para este fin, por eso agrega que “uno de los programas de campaña del gobierno nacional fue trabajar por la paz, y en el cumplimiento de esa promesa, son bienvenidos los gestores de paz, incluso de quienes fueron capturados durante las manifestaciones del 2021, pero no de aquellos que cometieron delitos graves, no se puede promover la impunidad”.

De otro lado, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, no se quedó callado y aplaudió la decisión de Petro.

“Estoy completamente de acuerdo que jóvenes detenidos por participar en el Paro Nacional sean puestos en libertad. Hace bien el señor presidente Gustavo Petro en nombrarlos como gestores de paz, nuestra Alcaldía estará atenta para coordinar labores en la ciudad. El diálogo es el camino”, escribió en su cuenta de Twitter.

El apoyo también fue manifestado por el secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Fabio Cardozo. “Se levantaron por el hambre y la exclusión del anterior gobierno”, dijo.

Cardozo reveló que muchos de estos jóvenes presos formaron parte de las mesas de negociación que el alcalde Jorge Iván Ospina activó para lograr acuerdos que permitieran levantar la protesta en la ciudad.

“Quiero decirle a Colombia, al Valle del Cauca, a Santiago de Cali, que estos jóvenes nos ayudaron en el proceso de diálogo y conversaciones, a desbloquear la ciudad, a cesar la furia que estaba enseñoreada en las calles y logramos afinar un proceso de paz exprés, de inclusión social”, dijo.

Entretanto, la senadora caleña María Fernanda Cabal, ha manifestado descontento por la decisión del jefe de Estado. “Si el gobierno pretende lavar los delitos cometidos por la primera línea, nosotros recordaremos todos los días lo que hicieron”, apuntó.

“Recordemos cómo asaltaron granjas porcinas durante la toma guerrillera que celebraron muchos de los que hoy son gobierno. Esto no fue un estallido social, sino actos vandálicos liderados por la primera línea del delito”, señaló.

Cabal también recordó un episodio en el que desde esta organización amenazaron con nuevos hechos de protesta tras la captura de algunos de sus integrantes.

“Incluso después de que sus cabecillas fueran condenados, la #PrimeraLineaDelDelito amenazó con tomas violentas. Su único lenguaje es la intimidación y ahora quieren graduarlos de gestores de paz”, aseveró la congresista desde su cuenta de Twitter.

A la campaña también se unió la senadora Paola Holguín, quien se refirió a los hechos cometidos por esta organización que fueron tipificados por las autoridades como criminales.

“Recordemos que fueron tipificadas por las autoridades 2.175 hechos criminales, ejecutados por primera línea”, indicó Holguin.

La senadora también recordó” el accionar de los criminales que hoy pretenden ser indultados, se generaron pérdidas en el sector Comercio por más de $2,2 billones de pesos y en el agro afectaciones por más $1,7 billones de pesos”.