Jeison Steven Ruiz, quien es funcionario de la Fiscalía General de la Nación, e hijo del exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, fue atacado con arma de fuego en el barrio Bochalema de Cali. Desconocidos le dispararon en varias ocasiones cuando iba a bordo de una camioneta blindada.
“Iba llegando a su lugar de residencia cuando unos delincuentes, sin mediar palabra, accionaron sus armas contra la camioneta blindada en la que él iba. Según el reporte de la Policía Nacional, recibió seis impactos de bala”, dijo el exministro de Justicia y ahora precandidato a la alcaldía de Cali. El vehículo pertenece a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El blindaje de la camioneta protegió a Ruiz. Las balas no entraron al vehículo y el funcionario del ente investigador resultó ileso en este atentado registrado en el sur de la capital del Valle del Cauca.
El ataque podría estar relacionado con sus labores en la Fiscalía, donde es asistente de un fiscal, y no se descarta que sea una retaliación por el trabajo adelantado por su padre durante el mandato del presidente Iván Duque, tiempo durante el cual extraditó a decenas de criminales. Las autoridades también barajan la posibilidad, aunque más alejada, de un robo.
El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, rechazó el atentado, pidió a los entes pertinentes celeridad en la investigación y confirmó el ofrecimiento de una jugosa recompensa por información que lleve a la captura de los responsables. “Condenamos el atentado del que fue víctima el funcionario de @FiscaliaCol Stiven Ruiz, hijo del exministro de Justicia Wilson Ruiz. Solicito a @FiscaliaCol y @PoliciaCali de forma inmediata adelantar las investigaciones del más alto nivel para esclarecer el hecho”, aseguró.
“Ofrecemos hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar rápidamente a los responsables de este hecho. No vamos a permitir actos violentos en Cali que buscan desestabilizar el sistema judicial. El funcionario y su esquema de seguridad, resultaron ilesos”, añadió el secretario.
Hace menos de un mes, el exministro de Justicia denunció que la UNP le redujo su esquema de seguridad. En ese sentido, afirmó que él y su familia se encontraban “en riesgo inminente” y pidió que le garantizaran su seguridad.
Mediante un comunicado, aseguró que luego de terminar su función en la pasada administración “el esquema de protección ha disminuido progresivamente, desconociendo el riesgo actual, inminente, serio y presente” sobre su seguridad y la de su familia.
“Durante mi ejercicio como ministro efectivicé (380) extradiciones de delincuentes y suscribí (439) de (717), así mismo, luché frontalmente en contra de organizaciones criminales que desde centros de reclusión infringían la Ley, ante lo cual fue necesario el fortalecimiento de la vigilancia intramural, traslados de privados de la libertad, allanamientos e incautaciones de droga, armas, equipos tecnológicos utilizados para delinquir desde celdas y otras decisiones que impactaron la delincuencia organizada”, manifestó el exfuncionario.
Por ello, dijo que “la historia fue marcada por los casos (de los exministros de Justicia Enrique) Low Murtra y (Rodrigo) Lara Bonilla, quienes luego de confrontar estructuras criminales lograron la muerte. Sin embargo, pese a estadísticas que realzan mi actividad ministerial con las cifras más elevadas, forzosamente debe concluirse la inminencia y seriedad del riesgo propio y familiar”.
Ruiz pidió a la UNP que se respete su esquema original
SEMANA conoció un recurso de reposición que Ruiz le envió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el que explica cómo ha sido la reducción de su esquema de protección en los últimos meses y pide revocar las resoluciones de esta entidad que han disminuido el número de vehículos y personas asignadas para esta tarea.
Según el documento, en una resolución de la UNP del 6 de agosto, un día antes de terminar el pasado gobierno, se resolvió que su esquema de protección estaría “integrado por cuatro hombres de protección, dos vehículos blindados y un vehículo convencional durante cuatro años, con ocasión a la finalización del cargo de Ministro de Justicia y del Derecho”.
Sin embargo, en una resolución posterior se resolvió restar dos personas al equipo de protección y los dos vehículos blindados, con lo que su seguridad quedó en manos de dos personas y un vehículo convencional.
“Amparado en el numeral 17, artículo 2.4.1.2.48 del Decreto 1066 de 2015, he informado el temor por mi vida, junto a mi núcleo familiar toda vez que, haber finalizado el cargo de Ministro no implica la cesación del riesgo ya que razonable y lógicamente aumenta, cada vez que la Unidad ejecuta reducciones desproporcionadas y tempestivas en nuestro esquema”, manifestó Ruiz en el recurso de reposición que presentó ante la Unidad Nacional de Protección.
Agregó que durante sus “desplazamientos y permanencia en el Valle del Cauca, donde ejerzo derechos ciudadanos amparados en el artículo 40 Constitucional, me encuentro expuesto y a merced de probables retaliaciones dada la creciente inseguridad calificada como tal por el Observatorio de Seguridad de Cali al considerar al mes de diciembre como el más violento de los últimos cuatro años, pues en los primeros 14 días fueron asesinadas 49 personas, es decir 11 casos más que en el mismo periodo del año pasado″.
“La UNP no ha garantizado tanto el trasladado de hombres y vehículo blindado al Valle del Cauca, territorio al cual pertenece mi árbol genealógico, donde ejerzo mis derechos ciudadanos, realizo trabajos sociales en la comunidad, participo democráticamente en toma de decisiones, ejerzo labores académicas y en general llevo parte del diario vivir”, denunció el exministro.
Ante esto, solicitó “revocar íntegramente lo resuelto” en la resolución posterior de la UNP y mantener “incólume” la que fue emitida el 6 de agosto de 2022, “en el sentido de mantener el esquema de protección integrado por cuatro hombres de protección, dos vehículos blindados y un vehículo convencional durante los cuatro años”.
Ruiz remata el comunicado hablando de su candidatura a la alcaldía de Cali en las elecciones locales de octubre del próximo año.
“En un país violento donde los índices de homicidios crecen cada día, y más aún con la inminente aspiración a la alcaldía de la ciudad más violenta y peligrosa de Colombia, es urgente que se garantice mi protección y la de mi familia, con toda la logística para ello”, dice.