Integrantes de comunidades campesinas e indígenas, tuvieron bloqueada la vía Cali-Loboguerrero, en Valle del Cauca, este jueves 8 de septiembre, desde las horas de la mañana hasta las 3:45 p.m. Según informaron, la obstrucción en la carretera la hicieron rechazando la construcción de varias torres eléctricas en la cordillera occidental.

La nueva subestación Pacífico 230 Kv, es el proyecto eléctrico que llevarías varias torres de alta tensión para aumentar la cantidad de energía hacia Buenaventura desde el municipio de Yumbo, y no habría sido socializado con las comunidades, por ello sería la protesta.

Los manifestantes insisten en que la construcción de este proyecto afectaría el ecosistema y la salud pública de las comunidades campesinas de La Esmeralda, El Rosal, Los Alpes, Santa María y Providencia; además de los resguardos indígenas Yu’Zxickwe y Sat Kiwe.

El bloqueo se registró a la altura del casco urbano del municipio de Dagua; por lo que varios conductores se vieron afectados en sus trayectos. “Tuvieron que utilizar las calles de Dagua para poder retomar varios metros a la carretera que conecta con Buenaventura y Buga”, informó un conductor de la zona.

Aunque los miembros de las comunidades estaban esperando la presencia de funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) entidad del gobierno encargada de generar los permisos para este tipo de proyectos; llegaron a un acuerdo con la Alcaldía de Dagua, y por el momento desbloquearon la vía.

Indígenas del Cauca desafían ultimátum del Gobierno

Comunidades indígenas volvieron a invadir terrenos sembrados con caña de azúcar en el norte del Cauca este miércoles, desafiando el ultimátum del Gobierno nacional, que hace unos días dijo que no permitiría nuevas ocupaciones ilegales y que las autoridades tenían 48 horas para desalojar los predios.

“Son prácticas inaceptables para este Gobierno, de tal manera que las fuerzas de Policía deben actuar para impedir la ocupación de esos terrenos y dentro de las 48 horas siguientes, como lo consagra la ley, tomar todas las medidas y acciones necesarias para desalojar”, dijo la semana pasada el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Sin embargo, poco y nada les importaron estas declaraciones al grupo de indígenas que en las últimas horas invadió un terreno de la Hacienda El Chimán, ubicada en jurisdicción de Guachené. Encapuchados y armados con machetes llegaron hasta este lugar no solo para ocuparlo, sino también para dañar y prender fuego a los cultivos.

Desde que inició esta problemática hace más de un mes, los indígenas han invadido más de diez predios alegando tener un derecho ancestral sobre la tierra. Estas ocupaciones han generado conflictos con las comunidades afro que trabajan estas tierras, quienes se han resistido y enfrentado al asedio de los indígenas, asegurando que debe primar el derecho al trabajo.

En esta nueva invasión registrada en Guachené, indígenas y afros volvieron a confrontarse. En el sitio asediado había presencia de la fuerza pública, pero estas no intervino para evitar el enfrentamiento y se limitó a intentar calmar los ánimos de forma pasiva.

Uno de los indígenas encapuchados que invadió la Hacienda El Chimán habló con SEMANA y sostuvo, como lo hizo el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que las invasiones no se detendrán. “Se entiende que legalmente esta propiedad es privada, pero como comunidades indígenas reclamamos un derecho ancestral a las propiedades de la tierra plana, independiente de que se llamen haciendas o como se llamen, porque estos títulos en la época de la colonia fueron mal repartidos. Los criollos y los colonos se quedaron con todas las tierras injustamente”, aseguró el indígena.

El Gobierno ha rechazado estas invasiones, las cuales continúan pese al ultimátum. No obstante, también propuso una salida a los reclamos de los indígenas que no afecte el derecho a la propiedad privada: “Sí va a haber reforma agraria para buscar equidad en el acceso a la tierra, pero pedimos a los colombianos respetar la tenencia y la propiedad”.

“Quienes quieren promover invasiones entorpecen la gestión del Gobierno y esto podría redundar en que sean investigados por parte de las autoridades. Como Gobierno estamos dispuestos a saldar la deuda histórica que existe en Colombia con quienes quieran acceder, mediante el diálogo, pero no con la violencia, a este proceso de democratización de la propiedad”, añadió en una declaración.