Luego de una exhaustiva investigación, la Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco integrantes del Ejército nacional que estarían involucrados en la venta de un arma de fuego, presuntamente entregada por un integrante de las disidencias de las Farc, en proceso de reincorporación.
Se trata del capitán Gustavo Bayter Jiménez; subteniente, María Fernanda González Gamboa; el cabo tercero, Thaysir Hernando Vergara; los sargentos segundos, Yesith Bernardo Campo Maradiaga y Lorenzo Segura Arcos.
Los hechos investigados ocurrieron en Cali entre marzo y abril de 2023, cuando un supuesto militante de las disidencias de las Farc Jaime Martínez inició su proceso de sometimiento y reincorporación a la vida civil, razón por la que entregó un arma de fuego y su correspondiente munición.
De acuerdo con la investigación, los procesados habrían omitido sus deberes frente al arma. Además, se cree que instrumentalizaron a otro exintegrante de las disidencias para que vendiera la pistola a un comprador que habría sido contactado por los militares. El arma, al parecer, fue vendida en 4′500.000 pesos, el pasado 23 de abril de 2023 en un billar del barrio Meléndez de Cali.
Los uniformados fueron capturados el pasado 2 de mayo por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con el Ejército y Policía Nacional. La fiscalía les imputó los delitos de prevaricato por omisión; tráfico de armas de fuego de uso restringido y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Bayter Jiménez, González Gamboa, Hernando Vergara y Campo Maradiaga deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. Segura Arcos continuará vinculado al proceso en libertad.
Este hecho se suma a lo informado por la Fiscalía el pasado domingo, 5 de mayo, un juez penal de conocimiento condenó a 27 años de prisión a cinco hombres que participaron en la desaparición de un comerciante de celulares, en hechos ocurridos en Acevedo (Huila), el 21 de enero de 2019. Entre los condenados está un patrullero de la Policía.
Los investigadores que trabajaron durante cinco años en el caso presentaron material probatorio suficiente que demostró que el cuerpo de la víctima fue desmembrado, envuelto en bolsas plásticas y arrojado a un río.
La pesquisa logró que se revocara un fallo de primera instancia que había absuelto a los involucrados, y los declaró responsables de los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas. Adicionalmente, dispuso la captura inmediata para que cumplan la pena en centro carcelario.