“Algunos han muerto esperando la llamada y el desembolso de la Defensoría del Pueblo”, le cuenta a SEMANA uno de los abogados que lleva el caso de centenares de pequeños comerciantes afectados por las primeras obras del MIO en el centro de Cali hace más de 20 años y, que tras acciones jurídicas, lograron reconocer ante la justicia que por el cierre comercial de la zona tuvieron graves pérdidas económicas.
El pleito pareció resolverse en 2018 para 1852 comerciantes. La Alcaldía de Cali y Metrocali, entidad gestora del Masivo Integrado de Occidente (MIO), cumplieron el fallo y le desembolsaron a la Defensoría del Pueblo $10.700 millones de la indemnización.
El paso siguiente era que la Defensoría pagara lo correspondiente a cada comerciante, pero hoy, seis años después, el anhelado desembolso no ha ocurrido. Inclusive, algunos de los demandantes murieron esperando la llamada. ¿Qué ha pasado con el dinero?
La normativa vigente obligó al distrito a girar el dinero al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, el cual es administrado por la Defensoría del Pueblo. “Desafortunadamente, la Defensoría del Pueblo cuenta con un recurso humano realmente escaso para dedicarse a la revisión de estas condenas, que no son únicamente de Cali, sino de toda la geografía nacional. El personal realmente ha sido un poco deficiente y no sé si negligente, incluso, en la revisión de la documentación que ya completó cuatro años con ellos, porque eso fue antes de pandemia que se radicó la solicitud para que se hiciera el desembolso”, le dijo al El País de Cali Marino Ospina, abogado de los intereses de los comerciantes afectados, conjuez del Consejo de Estado y profesor universitario.
Ospina también explicó el porqué de la indemnización: “Adelantar este tipo de obras ayuda a mejorar la movilidad y la visibilidad de la ciudad, pero puede causar daños que son de proporción mayor para alguna parte de la población. Una cosa es que tú salgas en tu carro y te encuentres con un trancón, de pronto perdiste una cita o llegaste tarde a una reunión, pero cosa diferente es que la obra te la hagan al frente de tu establecimiento de comercio, donde se te diga que va a durar cuatro meses, pero resulta que la obra no duró eso, sino dos años, entonces ahí ya se trata de una carga anormal”.
Sobre el pleito jurídico
Luego de que el pleito llegara al campo jurídico, en segunda instancia el Tribunal Administrativo del Valle tomó la decisión en 2018 de ordenar el pago en favor de los ciudadanos por el orden de los $10.700 millones de pesos, los cuales debían ser aportados en partes iguales por la Alcaldía de Cali y Metrocali, ente gestor del MÍO.
“Metrocali giró a la Defensoría el 30 de septiembre de 2019 un valor total de $5337 millones, dicho monto es lo que le corresponde al ente gestor del sistema masivo según el fallo. El resto del dinero (que es por el mismo valor) le corresponde al Distrito”, explicaron desde Metrocali a El País Cali luego de consultar sobre el tema.
Por parte de la Administración Central también se informó que el recurso fue enviado al fondo administrado por la Defensoría en 2019, por lo que la entidad del orden nacional cuenta con el dinero desde hace más de cuatro años.
SEMANA trató de contactar a la Defensoría del Pueblo para averiguar sobre este proceso, pero no hubo respuesta.