Lo que está ocurriendo en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, es mucho más grave que la polémica desatada por el general William Fernando Prieto, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, quien anunció en un video que retiraría sus tropas de la zona rural de este municipio. Luego, la institución reculó y manifestó que seguirán haciendo el trabajo de control necesario.
Sin embargo, fuentes consultadas por SEMANA señalan que el panorama en veredas y corregimientos, como San Antonio, Villa Colombia y La Ampudia, no es otro que una espiral de violencia cada día más gigante y con menos presencia de la fuerza pública.
En sus declaraciones, el brigadier general manifestó que “los pobladores de las veredas de San Antonio, La Ampudia y Villa Colombia, mediante una asonada, bloquean el avance de las tropas en el sector oponiéndose al cumplimiento de la misión constitucional. Ante esto, y para evitar cualquier tipo de confrontación con la población y en compañía de la Defensoría del Pueblo, las tropas se retiran del sector”.
Las palabras del general –luego desmentido por el Ejército– no son descabelladas. Prieto dijo que en varias ocasiones la comunidad ha impedido la labor de sus tropas, situación que ha llevado a varios soldados a estar a punto de la confrontación con los civiles. “Desde hace tres años sucede lo mismo aquí: a la gente se le obliga a salir y bloquearle el paso al Ejército. Eso es un secreto a voces. ¿Quién los obliga? La columna disidente Jaime Martínez, que es quien opera en esta región”, dice un líder social que, por obvias razones, prefiere omitir su identidad.
El rompecabezas, según la fuente consultada por SEMANA, está diagramado de la siguiente manera: la columna Jaime Martínez es la única ley en la zona montañosa de Jamundí, dictan las normas sociales y son dueños de los extensos sembradíos de coca. También, de los laboratorios y las rutas para sacar la cocaína por la región del Naya hasta Puerto Merizalde, Pacífico vallecaucano, o López de Micay, Pacífico caucano. Con lista en mano, citan a reuniones de los diferentes gremios campesinos y cultivadores de coca y les dan una señal clara: cuando el Ejército quiera incursionar con operaciones fantasmas en la zona, deben salir a bloquear el paso y hacer cordones humanos.
Ante esto, las Fuerzas Militares pierden toda posibilidad de maniobra. “Aquí no es que la gente quiera participar, es que le toca. No son gratis los recientes asesinatos de presidentes de Juntas de Acción Comunal, líderes campesinos y gremiales… Los han matado porque en algún momento les dijeron que no a las disidencias.
Entonces, al ver eso, la gente no quiere repetir tragedias”, reseña uno de los líderes de la zona rural alta de Jamundí. En conclusión, la disidencia Jaime Martínez se dio cuenta de que es más efectivo obligar a los cordones humanos que enfrascarse en un tiroteo de horas con el Ejército. La población es puesta como carne de cañón en una línea de confrontación invisible.
Jamundí, la joya de la corona
La columna Jaime Martínez, antes liderada por alias Mayimbú, es uno de los bloques más sangrientos del Comando Organizador de Occidente, la unión criminal de los ex-Farc que nunca se acogieron al proceso de paz y cuya cabeza visible es Iván Mordisco. Operan en todo el cordón noroccidental del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Los municipios con mayor presencia son Suárez, Buenos Aires, Timba y Jamundí. Allí lo controlan todo: desde quienes entran y salen hasta los horarios para transitar y las formas como se puede cultivar.
Ni las autoridades locales pueden hacer presencia en zonas vetadas por este grupo. Por ejemplo, a la zona rural alta de Jamundí no pueden llegar muchos funcionarios de la Alcaldía. El problema de violencia en ese municipio va mucho más allá de una administración municipal y regional. Es un monstruo de mil cabezas que, incluso, amenaza con sobrepasar a las entidades del orden nacional.
“En el 2016, luego de la firma del proceso tuvimos unos meses de mucha calma, pero luego empezaron a llegar hombres y mujeres armadas. Al principio eran pocos, pero ahora están por todos lados, lo controlan todo. Son dueños de la coca, de la minería, de las redes de extorsión y prostitución, de la producción agrícola y de la vida de las personas que vivimos aquí. No exageramos cuando decimos que vivimos en un secuestro permanente que parece no importarle a nadie”, señala un habitante de la vereda Villa Colombia.
Asegura, también, que la población ha querido enviar señales de auxilio con lo ocurrido recientemente con las tropas del Ejército. “Necesitamos que el Estado haga presencia integral acá. Quisiéramos denunciar muchas cosas, pero en cada plantón están ellos (las disidencias) de civil mirando quién participa y quién no. Luego, cuando el Ejército se va, pues ellos llaman a lista. No sé en qué momento la comunidad terminó metida en una guerra que no le pertenece”.
Un complejo criminal a 20 minutos de Cali
La zona rural alta de Jamundí es todo un complejo criminal con todos los elementos para seguir creciendo: poca presencia de las autoridades, miles de hectáreas de coca, laboratorios para el procesamiento de la cocaína y rutas de escape hacia el Pacífico. Jamundí pasó de registrar 61 hectáreas sembradas con coca en 2017 a 116 en 2018, casi el doble, y a 1.319 en 2019, según datos entregados por la Gobernación del Valle.
En la actualidad, hay más de 4.000 hectáreas de coca en este municipio, ubicado a 20 minutos de Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia.
Estos números, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, pueden producir 5.500 toneladas de cocaína –solo en Jamundí–, que equivalen a dos veces el Presupuesto General de la Nación de 2020, fijado en 271 billones de pesos.
“Es aterradora la forma como han crecido los cultivos ilícitos. En 2014 usted iba a La Liberia y eran cultivos legales y por allá escondidos estaban los de hoja de coca. Pero hoy la coca ocupa más del 90 por ciento de la tierra y la siembran hasta en los patios de las casas”, dice una veedora comunitaria de San Antonio. La líder también agregó: “Aquí cerca hay por lo menos 30 chongos, que son pequeños laboratorios para el cristalizadero de cocaína, armados entre el monte, y todos los insumos los suben como si nada desde Jamundí.
A uno como campesino le esculcan todos los bolsillos, pero esa gente pasa como si nada en volquetas con los insumos”, dice.
Vientos de guerra
En zona rural de Jamundí no es un signo de alarma encontrar cuerpos desmembrados, tirados a la orilla de las carretas terciarias, o escuchar de desaparecidos. La violencia es parte del diario vivir. “La primera vez nos alarmamos cuando mataron a cuatro hombres acá; la segunda, también, pero ahora eso ya es la normalidad.
Hay muertos que son de aquí, hay muertos que son extranjeros, muchos venezolanos y de otras regiones del país, que vienen a comercializar droga y los matan porque negocian directamente con campesinos y no con ellos, las disidencias”, cuenta uno de los líderes comunitarios de la vereda La Meseta. Es tal el nivel de miedo e incertidumbre en Jamundí que SEMANA consultó a las autoridades locales y regionales para conocer su postura frente a esta violencia creciente, y la mayoría, fuera de micrófonos, señala que es mejor no referirse a este tema.
En ese territorio hay una sensación de desamparo colectivo. Así las cosas, los vientos que soplan en la zona rural alta de Jamundí son de violencia, guerra, narcotráfico, miedo, incertidumbre y desconsuelo. “No se puede tener claridad cuando aquí no ha cesado la horrible noche. Para nosotros, la paz es un sueño lejano, en el cual creímos en 2016, pero fuimos ingenuos. Se van unos y siempre llegarán otros. Esa es la realidad, nuestra realidad”, dice el líder social.
Crecimiento de grupos armados
Cabe recordar que el pasado martes, 18 de abril, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, participó en la Comisión II del Senado de la República, en el marco del debate de control político sobre la implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, firmando en el 2016.
Durante la sesión, el funcionario hizo un recuento de lo que ha sido el panorama de los grupos armados en el país. Además, compartió cifras respecto al crecimiento que han tenido estas estructuras.
“Cuando llegamos el 7 de agosto (de 2022) a prestar este servicio al país, nos encontramos, como lo decía el Comité Internacional de la Cruz Roja, con seis conflictos armados. En el momento de suscripción del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, el 16 de noviembre del 2016, eran identificados tres, es decir, se multiplicaron”, expuso Rueda.
En ese orden de ideas, el alto comisionado indicó que “ese reciclaje de la violencia” obedeció a los incumplimientos iniciales del Acuerdo de Paz del Teatro Colón.
“Esas áreas que fueron dejadas por las Farc nunca fueron ocupadas por las Fuerzas Militares, conforme a lo que estaba acordado, es más, lo que sucedió el 16 de noviembre del año 2016, simultáneamente en la suscripción del Acuerdo de Paz del Teatro Colón —en el cual tuve el honor de estar presente— fue lo que nunca había sucedido anteriormente: la operación de estructuras criminales como las AGC en territorios del Chocó, que nunca habían tenido una presencia permanente hasta el día de hoy, que se amplió a los montes de María meses después, y que hoy tiene cerca de 14 departamentos donde operó las extintas Farc bajo su control y dominio”, manifestó el funcionario.
“Lo mismo podemos decir del sur de Bolívar, nunca había ocurrido que este tipo de operación criminal, que algunos denominan paramilitares, hoy tuvieran control poblacional en el Magdalena Medio. Obviamente, lo tuvo en los 80, en la herencia del paramilitarismo de Puerto Boyacá, pero nunca había logrado tener una presencia sostenida y permanente en localidades al interior de esos territorios”, agregó.
Para Danilo Rueda, el Gobierno se encontró con una situación que hoy “es de lo más problemático” en la construcción de la denominada ‘paz total’.
“Debo recordar que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos intentó el desmonte de esa estructura armada (paramilitares), que en ese momento eran 2.500 hombres. Hoy, de acuerdo con la información institucional, son 6.000; según la información por fuentes externas, son 9.000″, puntualizó en alto comisionado.