Con el anuncio de una crisis financiera en el sector salud, en el Valle del Cauca estarían en riesgo cerca de 29 hospitales públicos, mientras que en todo el territorio nacional, más de 13 millones de colombianos podrían verse afectados por una crisis en las tres EPS más importantes del país: Sanitas, Sura y Compensar.
Ante esta problemática que tiene en vilo a la ciudadanía, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció en su cuenta de X, antiguamente Twitter, diciendo: “algo que no puede pasar es que mientras se concilie la reforma necesaria al modelo de salud, las personas sufran dado el congelamiento o postergación de las autorizaciones para tratamientos, cirugías o pruebas diagnósticas”.
Hay que recordar que la Gobernación del Valle también había manifestado su preocupación: “nosotros hemos hecho el llamado desde el Valle del Cauca de forma permanente y reiterativo, la deuda pública de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio con la red pública y privada del departamento está cuantificada en casi un billón de pesos, el giro directo es solamente un pago que hacen las EPS a nuestras instituciones y generalmente apalancando cartera del 2022″, comentó María Cristina Lesmes, secretaria Departamental de Salud.
Y es que la preocupación es evidente, ya que estas tres entidades de salud prestan sus servicios a más de trece millones de colombianos y las deudas alcanzan los $1,6 billones de pesos divididos de la siguiente manera: Sanitas $870.871 millones, Sura $568.638 millones y Compensar $204.206 millones.
Por lo que Lesmes fue enfática en decir que “actualmente se tiene una desfinanciación de los hospitales, estamos viviendo de la cartera, tenemos unos presupuestos que se terminan entre septiembre y octubre y una vecindad a la crisis del sistema que la manifiestan ahora los gerentes de las EPS, esperamos que los escuchen a ellos”.
La advertencia de la crisis financiera que manifestaron las EPS Sura, Sanitas y Compensar a través de carta al Ministerio de Salud, aseguró Lesmes, “es un sentimiento generalizado del sector salud dado que la problemática que tenemos es un acumulado de fallas estructurales que no se han corregido y que han logrado el desfinanciamiento del mismo, y a los que estamos abocados hoy, que sí se ha incrementado en este Gobierno, es a la disminución de los flujos de recursos, al no reconocimiento de recursos adicionales, al no incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) como se debiera”.
Ante este panorama cabe recordar que la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y sus homólogos de Nariño, Cauca y Putumayo, además de alcaldes y gerentes de hospitales, ya han pedido la atención del Ministerio de Salud y Presidencia frente a la compleja situación que presenta la red de salud. En el caso del Valle del Cauca preocupa la suerte de 29 hospitales públicos.
Graves consecuencias
La situación financiera que atraviesan las EPS (Sura, Sanitas, Compensar) presenta un panorama complejo para la salud en Colombia.
El pasado 27 de julio, los altos directivos de dichas entidades, enviaron una carta dirigida puntualmente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para solicitar de manera urgente una reunión con él, para dar pronta solución a esta grave crisis.
Hasta el pasado martes, 22 de agosto, cuando se cumplían 15 días hábiles, el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, el gerente general de la EPS Sura, Pablo Otero, y el director de salud de Compensar, Andrés Barragán, no habían recibido una respuesta, pero este miércoles en las horas de la mañana el ministro se ha referido al asunto y expresó que la salud debe ser un derecho, no un negocio.
En la carta, los directivos manifestaron que tienen más de 13 millones de afiliados, y aproximadamente 34.000 empleados, que con sus familias suman más de 134.000 personas impactadas.
En el documento indican que los recursos “asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue un insuficiente en un 8 %, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS”.
Y registran que “no se ha logrado una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. Al no ajustar la UPC por condiciones de salud (Perfil epidemiológico), varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros”.
Así las cosas, el doctor Álvaro Romero, decano de la Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana, manifestó a SEMANA que “considerando que en el modelo de salud actual las EPS gestionan el riesgo de sus afiliados, direccionando todos los servicios de atención y prestación en salud de forma articulada con las IPS (instituciones prestadoras de salud), su cierre implicaría dejar a todas estas personas sin una ruta clara de atención”.
Esto, empezando por “servicios básicos como consulta, urgencias, hospitalización, provisión de medicamentos, etc., y, por supuesto, otros de mayor complejidad como tratamientos especializados o para enfermedades crónicas. Por otra parte, terminaría de agravar la situación financiera de las IPS, las cuales en su mayoría dependen de las EPS, por cuanto son quienes les proveen los pacientes y pagan los servicios”, agrega el experto.