En la noche de este martes, 31 de enero, Edilsan Andrade fue asesinada en el municipio de Rosas, Cauca, por hombres armados.
Con su muerte, ascendió a diez la cifra de líderes asesinados en lo corrido de este año, según cifras del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz).
De acuerdo con el Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), desconocidos llegaron hasta su vivienda para acabar con su vida. “En presencia de su hijo menor es secuestrada y llevada fuera del lugar, donde le disparan con arma de fuego en repetidas ocasiones”, detalló la entidad.
Andrade, quien era madre de cuatro hijos y tenía 41 años, fue una reconocida lideresa comunitaria y campesina de la vereda Lomabajo del municipio de Rosas.
Formaba parte del Cima, donde estaba vinculada al Proceso de Mujeres Maciceñas y a la Guardia Regional del Macizo, y fue candidata al Concejo de Rosas en las pasadas elecciones con el apoyo de la Alianza Social Independiente (ASI).
El Cima exigió celeridad en la investigación del crimen, justicia y garantías para los habitantes del Cauca. A estas peticiones se sumó el senador del Polo Democrático, Robert Daza: “El genocidio de nuestros liderazgos no puede continuar, exigimos que la Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones de la forma más oportuna para encontrar a los responsables”.
“Con profunda tristeza e indignación, lamentamos el asesinato de Edilsan Andrade, lideresa del departamento del Cauca a manos de grupos armados. Solicitamos a la Fiscalía empiece las correspondientes investigaciones para identificar a los responsables”, dijo el representante a la Cámara, Erick Velasco.
Indepaz recordó que en el Cauca hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc como la Carlos Patiño y bandas de carácter local.
“La Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta 004/22 de riesgo electoral en la cual señala que los grupos armados ilegales buscan incidir en las bases sociales y en las autoridades locales para intervenir el proceso electoral, esto con el fin de continuar y fortalecer el control poblacional y territorial. Las situaciones de riesgo en el escenario electoral en algunas zonas del país obedecen a prácticas de maquinarias políticas tradicionales que se asocian con grupos armados ilegales y constriñen o afectan el libre derecho al voto. De igual forma se generan amenazas a líderes sociales o candidatos cuyas propuesta políticas van en contravía de los poderes locales hegemónicos y sus intereses”, expuso el Instituto.
Cifras preocupantes
La Defensoría del Pueblo informó que en lo corrido de 2022 se registraron 215 homicidios a líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en el todo el territorio nacional.
Las lamentables cifras representan un récord, pues fue el año con el mayor número de casos desde el 2016, año en el que se llegó a un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Desde esa fecha, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) inició el registro sistemático de esta conducta vulneratoria.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo dijo: “No solo se trata de cifras, hay que pensar en 215 familias duramente golpeadas y en las comunidades afectadas que se quedan sin las personas que luchan por sus derechos. Esto es una grave afectación para la base de la democracia porque se trata de líderes que recogen las inquietudes de la gente, son sus voceros y los que trabajan por un país donde se respeten los derechos humanos”.
Las estadísticas muestran que entre 2016 y 2022 fueron asesinados 1.113 líderes sociales. En 2016 fueron asesinados 133; en 2017 la cifra llegó a 126; en 2018 el registro fue de 178; en 2019 fueron 134; para el 2020 subió a 182; y en 2021 alcanzó las 145 víctimas mortales.
El aumento de casos fue significativo en 2022. De los 215 homicidios ocurridos durante el último año, el tipo de liderazgo que más fue afectado fue el de los líderes comunales (63 asesinados), seguido de los líderes indígenas (47), comunitarios (36), campesinos o líderes agrarios (18), afrodescendientes (12), sindicales (8), activistas en derechos humanos (7), culturales o deportivos (5), líderes de población con orientación sexual e identidad de género diversas (OSIGD) (4), servidores públicos (3), entre otros.
Los departamentos donde más crímenes contra líderes ocurrieron en 2022 son encabezados por Nariño, con 35 casos; Cauca, con 26; Antioquia (22), Putumayo (22), Valle del Cauca (12), Bolívar (11), Norte de Santander (9) y Chocó y Tolima con siete casos cada uno. Justamente, coincide con aquellas zonas del país donde hacen presencia los principales grupos armados ilegales y las organizaciones de crimen organizado, indicó la entidad defensora de derechos humanos.