La bancada de Cambio Radical se reunió este miércoles con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para explicar sus preocupaciones respecto al proyecto de ley de desmantelamiento de los grupos armados, así como el de humanización penitenciaria.
“Desde la ley de orden público hemos venido advirtiendo el interés del Gobierno de darle impunidad y un trato preferencial a las bandas criminales a través de varios instrumentos legislativos. Para el Fiscal aunque a las bandas criminales no se les da tratamiento político, dice que en la práctica sí van a tener ciertos beneficios según lo estipulado en varios artículos en el proyecto radicado”, aseguró el senador Fernando Motoa.
El parlamentario recordó que la Procuraduría también ha generado alertas y advertencias sobre la extradición. “Son asuntos que serán nuestra hoja de ruta y que hace crecer nuestra preocupación sobre los beneficios a bandas criminales en este proyecto de ley de sometimiento. Insisto en que la figura de la extradición ha sido una medida efectiva contra grandes delincuentes, especialmente narcotraficantes. Limitarla puede afectar la política criminal en el país y en el continente.”, dijo Motoa.
“Hay que recordar que si bien la paz es un fin no por ello debemos asegurar la impunidad de bandas criminales que tanto daño le han hecho a los colombianos”, concluyó el congresista.
Fiscal lanza pullas
Luego de una reunión en la tarde de este miércoles con los representantes de la bancada de Cambio Radical, el fiscal General, Francisco Barbosa, hizo varios cuestionamientos a la ley de sometimiento que fue radicada ante el Congreso por parte del Gobierno y por medio de la cual se complementa el proyecto de la ‘paz total’.
Para el jefe del ente investigador, pese a las observaciones hechas semanas antes, el proyecto de ley trae consigo múltiples beneficios a los narcotraficantes y olvida por completo los compromisos de reparación con las víctimas, lo cual reviste una gravedad absoluta. Tras revisar el nuevo documento, el fiscal general manifestó que no se atendieron sus observaciones frente al parágrafo que legalizaba el narcotráfico.
Frente a uno de los temas más polémicos de la ley, que tiene que ver con el hecho que los narcotraficantes que se sometan a la justicia podrán conservar parte de la fortuna que amasaron con el negocio ilegal, el Fiscal General advirtió que el artículo que modificó los llamados “topes” no es claro y pareciera que 2.8 millones de dólares que “desembolsan” los narcotraficantes pueden ingresar, sin problema alguno, a la Paz Total.
“Yo vuelvo, y repito, que hayan puesto en el artículo que esos bienes son susceptibles de ir a las víctimas me parece que no garantiza nada, es una redacción difícil, farragosa, complicada, que no se entiende. Considero que es importante que revisen lo que está en el Código de Extinción de Dominio”.
Igualmente, cuestionó la figura de “reparaciones colectivas” que señala el proyecto. “¿Hombre, le estamos diciendo a cientos de colombianos que le han vulnerado todos los derechos que los van a meter en una bolsa colectiva? Es mejor hacer reparaciones individuales”. Por esto pidió imitar el modelo de Justicia y Paz, que se puso en marcha tras la firma de los procesos de desmovilización con las estructuras paramilitares en el 2005.
Tras revisar el documento, el Fiscal General manifestó que se sigue deformando la figura de sometimiento a la justicia. “Veo con mucha preocupación y con alarma que muchas de las objeciones que planteó la Fiscalía no fueron recogidas”. En el nuevo documento el delito para concierto para delinquir tendría una especie de indulto, puesto que se les da la posibilidad de llegar a un principio de oportunidad y no pagar un solo día de cárcel. “Yo he sido muy claro, una cosa es el sometimiento a la justicia y otra cosa la justicia transicional”.